La crisis inmobiliaria frustra el 'pelotazo' en Agua Amarga

La crisis de la construcción ha afectado de plano a una de las operaciones urbanísticas de más calado en Alicante, la incorporación al patrimonio público del humedal de Agua Amarga -1,8 hectáreas de terreno al sur de Alicante, propiedad de la empresa zapatera Kelme-, a cambio de más edificabilidad para los promotores. El cambio de expectativas en el sector inmobiliario, unido a la ambigüedad de los plazos del convenio urbanístico, ha llevado a los promotores a aparcar cualquier acuerdo con la Administración.

En síntesis, la propuesta de convenio urbanístico recogía que el Ayuntamiento ofrecía a los promotores aumentar la edificabilidad prevista en algunos planes urbanísticos. El valor de este exceso de obra autorizada iría directamente a Kelme. Finalmente, la firma cedería al Consistorio la propiedad de Agua Amarga. Pero el freno de la construcción ha llevado a los promotores a endurecer sus condiciones hasta el extremo de hacer inviable el pelotazo.

La operación impulsada a tres bandas por el Consell, el Ayuntamiento de Alicante y la familia Quiles, propietaria del terreno y fundadora de la firma zapatera ilicitina Kelme, es la clave para aplicar el plan de saneamiento de la empresa. La operación se negocia desde mediados de 2007, cuando el Consell, a través del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF), que tutela la factoría desde 2002, pactó la salida de la familia Quiles del accionariado de Kelme a cambio de seis millones de euros.

El acuerdo incluía la venta de los terrenos de Agua Amarga, que están en su mayoría, salvo 600.000 metros cuadrados, en el término de Alicante. Esta venta es necesaria para afrontar la deuda de 50 millones de euros acumulada por la empresa. El convenio, según aseguró ayer José Quiles, portavoz de la familia, expiró el pasado 31 de diciembre sin que el Ayuntamiento ni el Consell hayan logrado acuerdo alguno con los promotores.

José Quiles puntualizó ayer que el Ayuntamiento ha estado negociando sin éxito con al menos tres promotores, cuya identidad declinó desvelar. "Está claro que la crisis inmobiliaria ha impedido la firma de la permuta", explicó el portavoz de la familia, todavía propietaria de la industria zapatera. Quiles anunció, además, que hoy se reunirá con los responsables del IVF para replantear los términos de la negociación: "Vamos a presentar tres nuevas alternativas. Nuestra intención es recuperar la gestión de la empresa, porque así nos no han pedido los trabajadores".El Consell y el Ayuntamiento comenzaron las gestiones en pos de un convenio urbanístico con el que rentabilizar la compra de los terrenos de Agua Amarga a mediados del año pasado. El Ministerio de Medio Ambiente, a través de la Dirección General de Costas, había hecho con anterioridad una oferta en firme a Kelme por la compra en efectivo del saladar. La iniciativa del Gobierno se enmarcaba en su estrategia para recuperar y preservar zonas del litoral amenazadas por la piqueta. No obstante, la firma zapatera rechazó la propuesta del Ejecutivo ante la irrupción en el proceso del Ayuntamiento y la Generalitat valenciana con una oferta más ventajosa para la empresa (la cesión de edificabilidad en otros puntos del término). De esta manera, el Ayuntamiento y la Generalitat no realizaban ningún desembolso, a cambio de desprenderse de patrimonio público, en este caso derechos de edificabilidad. El saladar de Agua Amarga es un espacio incluido en el catálogo de zonas húmedas de la Comunidad Valenciana.

La pretensión de la familia Quiles de recuperar las riendas del negocio se produce seis años después de que el IVF asumiera la tutela. Desde 2002 los Quiles están apartados de las funciones ejecutivas y Benjamín Clarí, ex ejecutivo de Adidas, que llegó a Kelme en 2006, ocupa la presidencia desde el año pasado. Este paso adelante se produce mientras el IVF sigue trabajando para cerrar el plan diseñado para sanear la empresa y que prevé la entrada de un nuevo propietario. El fondo de capital riesgo Tirant, impulsado por el IVF pero que cuenta con más de una decena de partícipes, entre ellos Bancaja y la CAM, ha puesto sobre la mesa una propuesta sobre la que se negocia y que supondría la separación de la actividad industrial y patrimonial. Tirant asumiría la propiedad y también la deuda industrial, con el compromiso de invertir en el negocio. Mientras, los terrenos de Agua Amarga quedarían en una sociedad ajena a Kelme y participada por los acreedores, principalmente Bancaja y la CAM, y los Quiles.

Kelme, mientras, espera una solución. Los trabajadores cobraron la nómina de enero en tres partes, según fuentes sindicales. Las mismas fuentes denuncian falta de información por parte de la dirección. La tensión ha llevado incluso a la dimisión a un directivo de ventas, muy critico con la dirección.