Los puntos oscuros

Los trabajadores sociales son la pieza clave para poner en marcha la Ley de Dependencia. Ellos participan en las evaluaciones y seguimiento de las personas que solicitan una ayuda pública de acuerdo con esta norma, tramitan el papeleo y, junto al personal sanitario, recomiendan el servicio más adecuado. Conocen de primera mano qué está pasando en cada comunidad. Las primeras conclusiones del Observatorio Nacional de los Servicios Sociales dibuja este panorama:

- ¿Quién llama a la puerta? Algunos equipos evaluadores (trabajadores sociales, sanitarios) hacen sus visitas a las casas de las personas dependientes sin acreditarse. Así es en Madrid y la Comunidad Valenciana, por ejemplo. En Madrid llaman por teléfono y conciertan una cita. En algunas provincias ni siquiera tienen el título adecuado, afirman los trabajadores sociales y muchas veces los equipos los forma una sola persona. "Deberían ir un trabajador social y un sanitario; si no, se pierde la posibilidad de conseguir un enfoque integral de la situación", afirma Ana Lima, presidenta de la asociación nacional de Trabajadores Sociales.

- res administraciones en juego. Gobierno, comunidades y ayuntamientos están implicados en poner en marcha esta ley y eso dificulta las cosas, según reconocieron algunos directores generales de Dependencia en una mesa redonda celebrada recientemente en Madrid. El Gobierno pide a las comunidades que gestionen con diligencia, las comunidades, a sus ayuntamientos, pero todos se quejan de falta de medios y de tiempo.

Desde abril de 2007, cuando arrancó la ley, miles de personas solicitaron ser evaluadas para tener acceso a las ayudas. Tal avalancha ha ido creando embudos. Primero en la gestión de las solicitudes, después, en la evaluación, ahora en la redacción del Plan de Individual de Atención (PIA), un documento que abre la puerta a la recepción de las ayudas. No hay tantos profesionales como para atender de repente a miles de personas, reconocieron algunos directores generales. Tampoco plazas de residencia suficientes. Por tanto, muchas de las ayudas prescritas recaen sobre el cuidador familiar, es decir, sobre la legión de mujeres que ya atendían a sus mayores. Se les da una ayuda para que sigan haciéndolo, algo que la ley contempla como excepcional, pero que supone ahora mismo entre el 70% y el 80% de las prestaciones dictadas, lo que no quiere decir que la ayuda haya llegado.

- Presiones políticas. Algunos trabajadores sociales de Andalucía han criticado presiones políticas por parte de dirigentes provinciales para que buscaran a los discapacitados y los evaluaran cuanto antes para abultar las listas. Pero, además, les pedían recomendar el servicio de que disponían, en lugar del que realmente pudiera necesitar el dependiente. Si no hay plazas geriátricas, dinero.

- ¿Quién receta? El Plan Individual de Atención (PIA) especifica al final del proceso la ayuda a prestar. La ley dice que se ha de contar con las preferencias del usuario y las recomendaciones del especialista. Y que lo gestionará la Administración. En Valencia, según el subdirector del Gabinete de Análisis de Presidencia de la comunidad, Mariano Vivancos, una agencia externa hace "un primer filtro". "La ley prevé que eso puede pasar los primeros meses, pero no más, sería denunciable", dice Lima. En algunas se autoriza al personal de los geriátricos para que valoren a sus ancianos. En Madrid, critica Lima, "no se pide el consentimiento de esos ancianos, por los que tampoco se cuenta con sus preferencias".