Dispersión mental

El BNG acierta plenamente en el diagnóstico cuando dice que el principal problema que limita la autonomía y capacidad de gobierno de los ayuntamientos gallegos es su insuficiencia de recursos financieros. El mejor alcalde del mundo pasa a ser mediocre si no cuenta con un presupuesto suficiente. Porque los buenos técnicos en urbanismo, fiscalidad, servicios sociales, animación cultural o deportes cuestan dinero. Porque la construcción y mantenimiento de locales sociales, guarderías, pabellones y piscinas requiere alimento presupuestario. Y porque un alcalde pobre acaba convirtiéndose en un pedigüeño institucional y debiendo favores.

Donde tengo más dudas es en que la solución propuesta sea la mejor. En síntesis, lo que se pide es que aumenten las transferencias del Estado a los ayuntamientos gallegos. Para ello se demanda la incorporación, con una ponderación significativa, de la dispersión poblacional en la fórmula de reparto de las transferencias, a costa de la variable esfuerzo fiscal. En la actualidad, el Estado transfiere más recursos a los ayuntamientos que hacen mayor esfuerzo.

Los ayuntamientos y sus políticas urbanísticas han ayudado a la dispersión de la población gallega

Existe un primer argumento que jamás mentaría en una negociación con otros territorios de España, porque nos puede doler. Sólo parcialmente la dispersión poblacional es algo con raíces históricas y más o menos justificable apelando a orografía, clima, o estructura de la propiedad agraria. En muchos casos los propios ayuntamientos y sus políticas urbanísticas anárquicas han colaborado a la configuración del actual asentamiento de la población gallega. Configuración difusa que luego dificulta la gestión pública y encarece la provisión de los servicios públicos locales (y autonómicos). Al lector interesado sobre las causas de la dispersión le remito al trabajo de Albino Prada publicado en el último número de la revista Grial.

En segundo lugar, hay que insistir en que la actual insuficiencia de recursos de la mayoría de los ayuntamientos gallegos tiene por causa primera y principal la abstinencia fiscal. Los tipos impositivos que escogen la inmensa mayoría de los ayuntamientos en todos los tributos son los más bajos de España.

Y las tasas y precios públicos en cientos de ayuntamientos se sitúan a enorme distancia de los que se pagan en Extremadura o Andalucía, territorios con rentas familiares más bajas que Galicia. Los tributos propios no sólo otorgan recursos, también dan una autonomía que no acompaña a transferencias y subvenciones. Cualquier planteamiento serio sobre la forma de arreglar la insuficiencia financiera de los ayuntamientos gallegos debe poner en el centro de la reflexión a la tributación.

En tercer lugar, corregir la situación actual pasa por hacer uso del autogobierno y pactar entre Xunta de Galicia y la Federación de Municipios de Galicia una reforma del sistema gallego de transferencias que prime el esfuerzo fiscal. Justo en la dirección contraria de lo que se plantea para las transferencias que vienen de Madrid.

Es verdad que la variable esfuerzo fiscal no debería ser un factor determinante a la hora de recibir transferencias en una situación normalizada. Pero lo de Galicia no es normal. Por ello es necesario un gran pacto autonómico que refuerce fiscalmente a los municipios, que los haga más autónomos y solventes y que discurra por encima de barreras partidistas. No es un problema de color político, es un problema de cultura política. Tenemos algunos ayuntamientos de menos de 50.000 habitantes que son equiparables en parámetros fiscales y calidad de las políticas públicas al resto de España: Allariz, Oleiros... El objetivo debe ser poder contarlos por docenas en breve y por centenas a medio plazo.

Los consorcios entre la Administración autonómica y la local son una buena idea para avanzar en el desarrollo social del país. El esfuerzo fiscal debe ser uno de sus acompañantes.

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