España ante Kosovo

No tiene que resultar sorprendente que consideraciones de política interna condicionen posiciones de política exterior, aunque no quepa paralelismo alguno entre algunas reivindicaciones nacionalistas en nuestro país y lo ocurrido en Kosovo. El Gobierno ha afirmado, con fundamento, que esta independencia unilateral era un acto "ilegal" que violaba la Carta de las Naciones Unidas, y, aunque no sea un Tratado, el Acta Final de Helsinki. Pero también ha tomado esta actitud porque no está clara la viabilidad de Kosovo como Estado independiente y porque, además, crea un precedente peligroso en relación con otros conflictos. Las primeras escaramuzas, como el incendio ayer de la embajada (vacía) de EE UU en Belgrado o algunos incidentes en el norte de Kosovo, indican que esta independencia no va a transitar por un camino de rosas.

España no la ha reconocido, en una línea de conducta nada fácil de mantener en la UE. Sus aliados tradicionales son los grandes de la Unión, especialmente Francia y Alemania, que, con EE UU, se han lanzado a reconocer el nuevo Estado. Pero la UE como tal tuvo que reconocer su falta de acuerdo interno, dejar a cada miembro la libertad de actuar y admitir que Kosovo "constituye un caso sui géneris". Que la UE haya aceptado que Kosovo es un caso especial se debe en buena parte a la diplomacia española, que ha sabido navegar bien entre extremos, aunque el ministro Moratinos exageró indebidamente en su comparación con la ilegalidad de la invasión de Irak.

España tiene soldados en ese territorio, y el Gobierno asegura, no sólo que los va a mantener, sino que va a participar en la misión policial y judicial de la UE para construir el nuevo Estado. La base legal para el mantenimiento de la KFOR por la OTAN o para esta misión europea sigue siendo la Resolución 1.244 del Consejo de Seguridad. Aunque data de 1999 y en muchos aspectos ha quedado superada por la realidad, no hay otra, ni probablemente la habrá, dada la negativa rusa.

No reconocer a Kosovo pero mantener los soldados y participar en la misión europea responde a una lógica de estabilidad de ese territorio y a otra complementaria de solidaridad con el resto de los socios de la UE y la OTAN. A España y a sus socios les conviene que Kosovo no termine en Estado fallido ni acabe contaminando los conflictos de los que aún quedan rescoldos en la antigua Yugoslavia, o más allá, en las fronteras rusas.

Dentro de unos meses, o quizás años, se podrá volver a examinar la situación para comprobar si realmente estamos ante un caso excepcional, y entonces será el momento de reevaluar la decisión ahora tomada. Lo deseable sería que España no tuviera razón en sus cautelas y que Kosovo se estabilizara sin consecuencias más allá de sus fronteras. Lo preocupante es que llegue a tenerla y que el caso de Kosovo se cierre en falso con graves consecuencias para todos. Incluida la UE, que se juega mucho en el envite.