El Consorcio de Aguas se extiende por Vizcaya tras el frustrado plan de 1995

El Consorcio de Aguas Bilbao-Bizkaia camina ya inexorablemente a ser una entidad provincial. Ayer se aprobó la entrada de nueve municipios más, con lo que agrupará en los próximos meses a un total de 72, y el próximo año se prevé dar luz verde a otros diez: es decir, 82 de las 113 localidades vizcaínas. Sólo la comarca de Busturialdea, que tiene un consorcio propio, queda fuera de la principal entidad del agua en Euskadi, que maneja un presupuesto anual de 100 millones de euros.

Lo que la Diputación de Vizcaya y el PNV intentaron imponer obligatoriamente en 1995, se ha ido consiguiendo por la fuerza de la razón. La cada mayor exigencia medioambiental en la gestión del saneamiento y una filosofía menos empresarial del consorcio han llevado a los ayuntamientos a entrar por su propia voluntad.

En 1995, la entonces diputada de Medio Ambiente Esther Solabarrieta se propuso hacer una entidad provincial de lo que entonces era el Consorcio de Aguas del Gran Bilbao. Éste había nacido en 1967, de la mano de una decena de municipios del área metropolitana para hacer frente conjuntamente a los servicios de abastecimiento y saneamiento, excesivos para ser soportados individualmente por cada municipio. Pero la unificación no se planteó bien en las formas -se exigía la integración directa y obligatoria de todos los municipios vizcaínos- y se topó con que la gestión del agua se realizaba por consorcios comarcales que funcionaban correctamente. "La manera personalista de Juan José Olabarria, entonces presidente del consorcio, tampoco ayudó", afirman personas que vivieron aquel proceso.

Ibon Areso, actual presidente y teniente de alcalde del Ayuntamiento de Bilbao, señala que hace 12 años la entidad tenía "una mentalidad más de empresa y buscaba más dimensión". Eran también los años en que los municipios se ocupaban casi en exclusiva de garantizar el abastecimiento, mientras que el saneamiento quedaba aparte: la mayoría vertía sus aguas residuales a ríos y arroyos. Ahora es una práctica prohibida y la normativa actual hace inviable la gestión del saneamiento por cada ayuntamiento.

Las exigencias de los municipios en la pasada década, que incluso reclamaban polideportivos al consorcio para entrar en la entidad, han pasado a la historia. Ahora entra el que quiere y con unas determinadas condiciones: no se exige ningún pago, pero sí unas mínimas infraestructuras, como depuradoras adaptadas a la ley, para que los municipios ya adheridos al consorcio no tengan que soportar más gastos. "No hacemos OPAs. Ni nos va ni nos viene que entren más municipios, pero lo aceptamos por solidaridad", apunta Areso.

Los nuevos miembros mantienen sus sistemas de abastecimiento y se aprovechan de la red del consorcio en caso de averías, y sobre todo de los medios técnicos y humanos para la gestión de las instalaciones. Pero algunos siguen con el modelo anterior y otros como Berriz, Abadiño o Arrankudiaga optan por convenios parciales.