La Generalitat adeuda 400 millones a las universidades

Los equipos económicos de las universidades públicas se reunieron la semana pasada para determinar cuánto les debía la Generalitat. El resultado fue: 400 millones de euros (deuda reconocida por el Consell) más otros 20 millones que podrían dar lugar a controversia, según fuentes académicas. Los campus decidieron requerir por escrito a la Consejería de Educación la primera cifra "como paso previo a una posible reclamación por vía judicial", añadieron las mismas fuentes.

En ese contexto se dio ayer el "pistoletazo de salida" a la negociación del plan de financiación de los próximos años entre Educación y los presidentes de los consejos sociales de las universidades, la mayoría de ellos empresarios, todos nombrados por el Consell. Un procedimiento inédito ya que hasta la fecha el peso de las negociaciones de financiación las habían desarrollado los equipos de gobierno de las universidades.

El consejero Alejandro Font de Mora declaró que en este caso la primera fase de contactos se realizaba con los consejos sociales por "imperativo legal", según recogió Europa Press. No hay ninguna ley (ni la valenciana de consejos sociales, ni la autonómica sobre el sistema universitario), sin embargo, que establezca ese orden. La mayor parte de las funciones económicas que tienen atribuidas los consejos sociales establecidas en las leyes comienzan, en cambio, con la frase: "Aprobar, a propuesta del consejo de gobierno...".

Aguas turbulentas

Font de Mora hizo un llamamiento a "tender un puente sobre aguas turbulentas" hasta que, una vez celebradas las elecciones del 9 de marzo, ambas partes puedan "desembarcar en un escenario de mayor tranquilidad y estabilidad". "En todos los consensos unos ceden en una cosa y otros en otra", señaló, y expresó su confianza en que el acuerdo final pueda ser "satisfactorio para todos".

Los desacuerdos a estas alturas tienen varias caras. Una de ellas es la de la deuda, acumulada desde el año 2005 (dinero comprometido para infraestructuras) hasta el 2007 (mensualidades impagadas desde septiembre). El problema en 2008 tiene que ver con la negativa de la Generalitat a extender a este ejercicio la prórroga de la financiación de los años anteriores, lo cual significa, en términos prácticos, que los campus contarán con 100 millones de euros menos (80, según Educación) para funcionar.