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El Ayuntamiento de Estepona investiga a su arquitecto

El técnico niega vinculación mercantil con un imputado en el 'caso Hidalgo'

El Ayuntamiento de Estepona (Málaga) ha apartado de su puesto al arquitecto municipal Arturo Cebrián, que figura en unas escuchas policiales incluidas en el sumario del caso Hidalgo contra el blanqueo de capitales.

A pesar de que Cebrián no ha sido imputado en el caso, ni siquiera citado a declarar, el Consistorio, presidido por Antonio Barrientos (PSOE) anunció que abrirá una "investigación interna" que aclare el papel desempeñado por el técnico en la tramitación de un expediente urbanístico sobre unos terrenos cuya compra interesaba a Jan Nadir, imputado por blanqueo de capitales.

Barrientos precisó que la medida se toma "en tanto se aclara el asunto y para tranquilidad de todos". El alcalde recordó que el Ayuntamiento "no ha sido requerido por ninguna instancia, ni administrativa ni judicial, para que aporte información ni documentación alguna con respecto al caso Hidalgo".

Según la policía, Nadir firmó un acuerdo con las sociedades Donkasa SL y Parque Rosales SL para adquirir unos terrenos en Estepona, con la condición de que se pudiera edificar en ellos. "Esta operación sería del todo imposible sin la connivencia de una persona de dentro del área de Urbanismo de Estepona, en este caso Arturo Cebrián", recoge un escrito del grupo de blanqueo de capitales. Los investigadores mantienen que el arquitecto "formaba parte de las sociedades vendedoras y que mantenía relación con los administradores de éstas".

"No tengo ninguna vinculación mercantil con esas sociedades, ni he trabajado para ellos desde mi empresa particular", afirmó ayer el arquitecto Cebrián. "En este caso ha habido una cuestión entre vendedor y comprador donde lo único que hice fue informar sobre el estado de la tramitación del suelo, como pude hacer con cualquier otro ciudadano", añadió. Cebrián únicamente figura como administrador de su propia empresa, Arce Arquitectura SL, constituida en 2001.

Las escuchas telefónicas desvelaron una serie de negociaciones entre Jan Nadir y el propietario de los terrenos, el promotor Pablo Jesús Pérez, en las que, según la policía ejerció de intermediario Ezequiel Flores. Este ciudadano, detenido en 1994 por falsificación de documentos, fraude y evasión fiscal, aseguró a Nadir, que "ha habido que soltar un contrazo

de dinero para que den la licencia de urbanización". A renglón seguido añadió: "la licencia se va a tener en marzo, porque para eso nos ha costado el otro día soltar un montón de dinero a una gente del Ayuntamiento".A petición de Pablo Pérez, vendedor de los terrenos, Arturo Cebrián se reunió en un restaurante de Marbella con Nadir. Tras el almuerzo, los investigadores relataron que "todos salieron portando carpetas y con actitud satisfecha". Tras reconocer que fue "un error ir a comer con un promotor" para "informar" sobre la situación de esos terrenos, Cebrián asegura: "Nunca, en mi vida, he cobrado por dar esta información, que, además, es pública".

Según informó ayer el Ayuntamiento, esas parcelas están en suelo urbano, por lo que puede construirse sobre ellas si se consigue licencia. Cebrián aseguró que el proyecto de urbanización por el que se interesaba Nadir no compete a los arquitectos municipales, sino a un ingeniero de caminos. Durante la tramitación del expediente y antes de la aparición de Jan Nadir como comprador, Cebrián dio su visto bueno técnico al estudio de detalle y a la reparcelación de la finca. Sin embargo, este último trámite "ha sido denegado".

"No se puede conceder licencia de obra hasta que estén aprobados la reparcelación, el estudio de detalle y el proyecto de urbanización", aclara el arquitecto. Y añade: "En el Ayuntamiento de Estepona se hacen las cosas con total pulcritud y nunca he encontrado interferencia de los políticos en mi trabajo".

Los investigadores también recogen en el informe: "Es claro y notorio el deseo de Arturo de que la operación llegue a buen puerto y la implicación personal que mantiene, con reuniones, entrega de documentación y sus planteamientos futuros". El arquitecto señala que ese "intercambio de documentación" se produjo en su despacho en el Ayuntamiento y que la información que facilitó era pública. "En las conversaciones telefónicas se indica que pasarían a recoger esos papeles sobre las 12.00, porque a esa hora comienza el horario de atención al público", matiza.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 19 de febrero de 2008