La Junta suspende el convenio que dio empleo a 200 discapacitados intelectuales

Familiares de afectados creen discriminatorio dejarles en paro

Jaén - 14 feb 2008 - 00:00CET

La Junta de Andalucía ha suspendido el convenio que tenía suscrito con la Federación Andaluza de Organizaciones a favor de las Personas con Discapacidad Intelectual (Feaps) para el acceso de este colectivo al empleo público. Desde que este acuerdo se puso en marcha en 2002, han sido 205 los discapacitados intelectuales que se han beneficiado de un contrato anual, que se fue prorrogando hasta los tres años. Llegado este plazo, la Consejería de Justicia y Administración Pública esgrime que el convenio expira por la "imposibilidad legal" de hacer fijas a estas personas sin las preceptivas pruebas selectivas.

Lo que no es más que una simple cuestión legal para la Administración autonómica, supone para los familiares de estos discapacitados una auténtica "discriminación" y un "jarro de agua fría" en la integración de estas personas en la sociedad. Aunque la Consejería de Justicia y Administración Pública anuncia la próxima convocatoria de una oferta de empleo público específica para discapacitados intelectuales y de una bolsa de empleo abierta a todos los que acrediten alguna discapacidad, los familiares de los afectados consideran estas medidas insuficientes por el bajo número de plazas convocadas. Para hoy miércoles se ha convocado una reunión entre responsables de la Consejería y de Feaps, una ONG que atiende a unas 14.500 personas en sus 450 centros de toda Andalucía.

El presidente de Feaps, Blas García, considera que es preciso que la Administración tenga en cuenta la especificidad de este colectivo. "Hay que ser sensibles con estas personas, pues para ellas quedarse paradas es un gran trauma", indica. "Fue un melón abierto en su día proclamando la bandera de la integración y ahora queremos que no se cierre", señala Antonio González, gerente de la asociación de discapacitados psíquicos de Jaén, Apromsi. González se refiere al hecho de que Andalucía fue la primera comunidad en suscribir convenios de estas características -el primero expiró en 2005 y más tarde se aprobó una adenda hasta julio de 2007- por lo que aboga por su continuidad. "Queremos que estos puestos de trabajo no se amorticen, pues los discapacitados no pueden competir en igualdad de condiciones en el resto de ofertas públicas", señala.

Mientras tanto, una portavoz de la Consejería de Justicia y Administración Pública admitió ayer la imposibilidad de prorrogar el citado convenio por haber transcurrido tres años de relación laboral. Ahora bien, se anuncia para los próximos días la publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) de la oferta de empleo público del año 2006, específica para discapacitados intelectuales, con 22 plazas de ordenanzas. Para la oferta de 2007 está previsto ampliar las categorías laborales a limpiadores, pinches y otras profesiones. Además, a principios de marzo está prevista constituir la bolsa de empleo para discapacitados laborales, aunque se desconoce el número de plazas que se ofertarán. Todo ello además del 1% de reserva de plazas para discapacitados (todos en general) que prevé la legislación en las convocatorias de empleo público. "La Junta hace una discriminación positiva hacia estos discapacitados", señala la portavoz de Justicia y Administración Pública, que añade que también está previsto subvencionar con 208.000 euros a Feaps para desarrollar cursos de formación hacia este colectivo.

"Le dieron un caramelo y ahora se lo quitan"

"A mi hija le pusieron un caramelo en la boca y ahora se lo quitan". Dori Almagro, una vecina de Pegalajar (Jaén), considera que la Junta discrimina a todos los discapacitados intelectuales que, como su hija, Nuria, de 24 años, estuvieron tres años trabajando en la Administración pública y, ahora, se les deja en el paro. Su hija, que tiene un 42% de discapacidad y déficit visual y auditivo, estuvo, hasta mayo del año pasado, trabajando como ordenanza en la Delegación de Innovación de Jaén, "con unos resultados buenísimos y una gran aceptación de sus compañeros", apunta Dori. A su juicio, las secuelas psicológicas sufrida por su hija se han traducido en que ha perdido cinco kilos desde que está desempleada. "Para estas personas, el trabajo es la mejor terapia porque se sienten reconocidas socialmente", apunta esta madre jiennense.

¿Y ahora qué? Dori Almagro conoce la existencia de ofertas de empleo específicas para discapacitados, pero desconfía de su eficacia por el bajo número de plazas que se convocan. "Con la reserva del 1% de las plazas para discapacitados en las ofertas de empleo público, ¿cuánto tiempo tendrá que esperar mi hija para trabajar?", se pregunta la madre de Nuria.

De momento, la joven discapacitada jiennense no para de hacer cursos de formación. Primero hizo uno de inglés de atención al público y ahora va a empezar otro de gestión comercial. Claro que, no basta con esos cursos. Los discapacitados también tienen que acreditar un certificado de aptitud. "Al hijo de otra compañera se lo denegaron por tener síndrome de Down, ponen demasiadas trabas", se lamenta Dori Almagro. Tanta es la autoestima que los discapacitados tienen con un empleo que otro padre afectado resume así la sensación de su hijo: "Tenía que incorporarse de las vacaciones el 12 de enero y se fue el día 8 a trabajar porque no aguantaba más".

"Esperábamos que este convenio no fuese un ensayo para su definitiva integración, pues hasta la propia Administración ha reconocido el éxito del trabajo realizado por estas personas", se señala en la carta remitida a la Junta por un grupo de padres y madres con hijos con discapacidad intelectual. Los afectados han demandado también el apoyo de los sindicatos más representativos, a quienes consideran sus "aliados naturales en la exigencia del derecho a la integración laboral público de los colectivos en riesgo de exclusión social".

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