Represión infantil

Dados los tiempos que corren entiendo, y ahora después diré por qué, que hay que traer a este espacio el artículo 19 del Estatuto de Autonomía para Andalucía. Este artículo declara, como uno de los deberes políticos públicos, que "las personas menores de edad tienen derecho a recibir de los poderes públicos de Andalucía la protección y la atención integral necesarias para el desarrollo de la personalidad". Quiere decir que los poderes públicos están obligados a ayudar a los menores para que logren alcanzar su destino dentro de la sociedad. Pues bien, ha tenido que ser en Sevilla cuando el presidente del PP, y candidato a gobernar por su grupo en España, donde diga que si gobierna va a rebajar penal a los 12 años. Un anuncio en política criminal que es una aberración social; supone un retroceso en los valores sociales de protección a la infancia y entronca con la etapa más oscura del nacional catolicismo histórico español.

A los niños de 12 años, por mucho que se empeñe Mariano, les falta madurez mental, moral y física. Un niño de 12 años, en cuanto no se ha desarrollado física ni psicológicamente, no puede comprender el alcance de sus actos. En cuanto no puede comprenderlos no es imputable y, si no es imputable, carece de capacidad para responder. Es algo que hay que tener muy claro.

Los niños a esta edad, y basta para saberlo con un cerrar los ojos, nos preguntan si pueden ir a cumpleaños y salir solos con sus amigos. Las respuestas de sus padres, normalmente, son un no salvo que vayan acompañados por mayores. El hecho de que haya niños que con esta edad infrinjan la ley y, algunos, sean peligrosos, no cambia ni puede cambiar que, con esta edad, carecen de la facultad de comprender el alcance de sus actos. Es más, y esto lo sabe cualquier persona, el niño distorsiona la realidad hasta el punto que sus actos más dañinos los desdibuja y toma de ellos lo que le resulta atractivo. De ahí que adoptar posicionamientos en contra de la infancia sólo puede entenderse como la sustitución de los valores de esta sociedad por la represión como instrumento de convivencia. Y cuando estos instrumentos se ofrecen sin pudor me vienen a la memoria otros similares. Recuerdo que, en la llamada etapa preconstitucional, las leyes (sic) de este tiempo diferenciaban entre hijos legítimos e ilegítimos. Dentro de éstos distinguía a los no naturales; aquellos cuyos padres no podían casarse. A estos niños el sistema les quitaban todos sus derechos; a veces hasta la vida. Sí, la vida. Eran tiempos en los que estaba prohibido el aborto, pero en cambio si una madre o unos abuelos maternos mataban al hijo recién nacido, esto es que ya había nacido y respiraba, el artículo 410 del Código Penal castigaba con una pena de seis meses y un día de prisión siempre que el asesinato del pequeño se cometieran para "ocultar la deshonra de la madre". O lo que es lo mismo si la madre se quedaba embarazada y no se podía casar legalmente con el padre porque estaba casado o no podía casarse -verbigracia: un cura u obispo- y se sentía avergonzada estaba favorecida penalmente. Nada de aborto; por lo sano y por la honra, a sacrificar al niño para evitar el deshonor sexual. Un privilegio, en cuanto a la sanción penal, que seguía vivo en el año 1976 y que, creo, se derogó en el año 1979. En fin que ya está bien que, a pretexto unas veces de la honra y otras del orden, se tiren los niños a los retretes de la basura. Tal vez no estaría mal, ahora que los Obispos del Sur se preocupan tanto porque lo hagamos sin condón y por apostar por partidos que no negocian con terroristas, también dieran su opinión. Que hablaran; y dijeran si la represión infantil debe sustituir el "dejar que los niños se acerquen a mí". En cualquier caso obispos aparte -ya no gobiernan ni llevan bajo palio a los autores legales de aquellos "privilegios"- lo importante es lo que piense el PP-A. Si Arenas aplaude la nueva represión infantil o, por el contrario, va a ser coherente con el Estatuto que avaló su grupo; con el artículo 39 de la Constitución y con la Convención sobre los Derechos del Niños que ofrece tutela a los menores que sean sujetos activos y pasivos de delitos.