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Los inspectores desmontan la acusación de Güemes sobre Leganés

El consejero de Sanidad culpó a Luis Montes de impedir la investigación interna

La última acusación de la Consejería de Sanidad en el caso Lamela contra el ex coordinador de Urgencias del Severo Ochoa Luis Montes también ha quedado en nada. El consejero, Juan José Güemes, aseguró el pasado lunes que Montes había puesto obstáculos a la investigación que el cuerpo de inspectores, por mandato del entonces consejero, Manuel Lamela, emprendió en el hospital Severo Ochoa en marzo de 2005 tras la denuncia anónima que acusaba a Montes de haber cometido 400 homicidios con sedantes.

La Asociación de Inspección de Servicios Sanitarios de Madrid, que agrupa a más del 60% de estos profesionales en la región, desmiente al consejero: "No hubo ningún tipo de obstáculo por parte de Montes ni de los médicos de Leganés", señala su presidente, José María Morán.

El argumento del obstáculo es el último que ha utilizado Sanidad para justificar el relevo de Montes y su no reposición en el cargo. La consejería ha ido cambiando de versión a medida que el caso Lamela se desarrollaba en los últimos tres años. Primero fueron "causas administrativas", después "pérdida de confianza" y finalmente, el pasado 4 de febrero, Güemes apuntó la última: aseguró que el médico obstruyó desde su cargo en la investigación de los inspectores de Sanidad que Lamela encargó en marzo de 2005, cuando recibió la denuncia anónima de las sedaciones. "Ésa fue la razón de la pérdida de confianza", afirmó Güemes, que aseguró que Montes no facilitó las historias clínicas de los pacientes.

"Si eso hubiera sido así, yo me habría enterado. Y no he oído nada de eso, sino más bien todo lo contrario, que hubo colaboración", explica Morán, que se muestra "muy sorprendido" por las afirmaciones de Güemes.

Dos años antes del estallido del caso Lamela, en 2003, los inspectores de Sanidad ya investigaron durante dos meses las Urgencias del Severo Ochoa y, tras hablar con médicos, pacientes, familiares y enfermeras, concluyeron que no había mala práctica médica en las sedaciones a pacientes terminales agónicos en Urgencias.

En 2005, la investigación del cuerpo de inspectores encontró 25 "incidencias" entre las historias clínicas estudiadas. Estas incidencias eran sedaciones que habían despertado discrepancias entre médicos de Leganés en una comisión interna. Estas discrepancias -entre las que había diferencias sobre los fármacos y las dosis a utilizar o la sedación de pacientes en coma- surgían del conflicto latente que existía en el hospital entre los médicos partidarios de limitar el uso de la sedación terminal y aquellos favorables a esta medida para paliar el sufrimiento.

La inspección, sin embargo, concluyó en abril de 2005 que no era posible afirmar que existiera mala práctica médica en el Severo Ochoa. En su informe, tampoco cita ninguna obstrucción por parte de los médicos.

Luis Montes, por su parte, asegura que "en ningún caso" ocultó datos a los inspectores. Tras el informe de sus funcionarios, Lamela ordenó llevarse del hospital cientos de historias clínicas y nombró a dedo a un comité de expertos que halló irregularidades en 73 casos. Las sucesivas investigaciones posteriores han desmentido a los expertos de la comisión Lamela hasta que los jueces cerraron el caso hace dos semanas y ordenaron retirar la expresión "mala práctica" de todo el expediente.El presidente de los inspectores acusa a Sanidad de manipular la contabilidad de la mortalidad en el hospital para achacar más muertes a Montes. "Los datos de Sanidad no resisten el más mínimo análisis", añade.

El que era presidente de la asociación cuando surgió el caso, Santiago Porras, coincide con su sucesor: "Nunca hubo ninguna obstrucción a la inspección". Porras critica que la consejería acuse a Montes de no tener el consentimiento de los familiares antes de la sedación: "Hay servicios en los que el consentimiento falta en el 50% de los casos y por eso no se ha expedientado a ningún jefe".

La ausencia de consentimiento fue esgrimida por el ex consejero de Sanidad, Manuel Lamela, como imprescindible, aunque ya ha decaído como argumento. La Audiencia Provincial ha fallado que en la mayoría de los casos existe ese consentimiento en el formulario que Montes creó para la sedación, en la historia clínica o en las hojas de enfermería. Además, la Audiencia corrige a Lamela y niega que sea un requisito imprescindible: "Es discutido si en los momentos críticos es necesario recabar el consentimiento".

Innecesario

El catedrático de Derecho Penal de la Universidad Complutense de Madrid Enrique Gimbernat niega que el consentimiento informado sea imprescindible y que si alguien no quiere ser sedado deba dejarlo por escrito. El catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Barcelona Joan J. Queralt afirma que no es necesario, ya que la sedación no es un tratamiento invasivo y es la terapia adecuada en pacientes agónicos.

La Inspección Médica realiza anualmente una evaluación del cumplimiento del consentimiento informado. "Es de suponer que el consejero tiene acceso a estos resultados. He participado hasta hace poco en esas evaluaciones y no era raro encontrar servicios con un porcentaje de cumplimentación del 50%", afirma Porras. "Me consta que la situación ha mejorado notablemente pero nunca se calificó la falta del consentimiento como una infracción, nunca se abrió un expediente disciplinario o se destituyó a un jefe de servicio por este motivo", concluye Porras.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 9 de febrero de 2008