El plan de los 400

Fieles a la imprescriptible tendencia española a desviar el foco de cualquier debate hacia la proclama de grueso calibre, los analistas de guardia de la derecha han respondido al anuncio de la devolución de 400 euros a los contribuyentes rumiando dos aspectos perfectamente irrelevantes de la cuestión. Por una parte, se han cebado en la progresividad o regresividad de la medida, cuestión que el Gobierno ha zanjado expeditivamente recordando la pura matemática de que 400 euros es el 40% de 1.000 y sólo el 0,4% de 100.000, con lo que se da por hecho que las rentas más altas se benefician menos de la rebaja. Por otra parte, han arreciado las acusaciones de que el plan de los 400 euros es electoral; incluso se ha invocado el fantasma del caciquismo para injuriar a los postulantes de la rebaja, sea el Gobierno o sea el PSOE, que no está muy claro. Pues sí, es una medida electoralista, la duda ofende, como lo son todas las fantásticas promesas de rebajas de impuestos anunciadas por el PP, incluyendo la puesta en almoneda del IRPF que pretende Rajoy al perdonar la tributación a quien perciba una retribución inferior a 16.000 euros. La disneylandia fiscal que exhibe el PP tiene un reverso infeliz que ya se percibió durante los ocho años de legislatura aznarista: autovías mal remendadas, función pública agonizante, anemia de infraestructuras, sanidad privatizada hasta la cochambre y seguridad callejera bajo mínimos.

Si cuando el PIB crece a tasas del 3,5% se reparten 400 euros por contribuyente ¿qué estímulo se aplicará cuando crezca por debajo del 2%?

El plan de los 400 tiene debilidades de más fuste. Una vez más, resulta ofensivo que se arroje a la mesa de discusión publica una idea cuya finalidad nunca se explica; tan sólo se intuye. ¿Quiere el PSOE avanzar una minireforma fiscal en atención al exceso de tributación de las rentas medias y bajas? Si es así, se ha equivocado de procedimiento; mejor haría esperando a desarrollar una reforma tributaria de verdad, coordinando todas las piezas impositivas y explicándola en el Parlamento. ¿Pretende el Gobierno inyectar 5.000 millones en el sistema económico para evitar que la economía española sufra una desaceleración rápida, en atención a la cruda disminución del consumo en diciembre y enero? Pues se ha elegido un método perverso y alambicado para conjurar el peligro. Se verá inmediatamente por qué.

Da la impresión de que el presidente del Gobierno o sus estrategas se han aturullado con el vocerío catastrofista de la oposición, que cada amanecer anuncia el fin del mundo. La economía española crece en estos momentos al 3,5% y, si bien es notorio que este año se producirá una intensa desaceleración, no es menos cierto que los problemas más acuciantes hoy son la estampida de la inflación y el aumento del paro. Parece poco discutible, y si no que baje Solbes y lo vea, que inyectar 5.000 millones de euros contribuirá eficazmente a elevar la inflación. Pero, además, una decisión de esa naturaleza arranca la máscara de impasibilidad del Gobierno, que ha presumido tercamente de la solidez de la economía. Si en estos momentos, con el PIB creciendo a tasas del 3,5%, entrega 400 euros a cada contribuyente ¿qué no entregará cuando el PIB crezca por debajo del 2%?

Keynes, que debería resultar poco sospechoso para el equipo económico de Rodríguez Zapatero, advirtió en su día que "la reducción de impuestos con el expreso objeto de aumentar la producción y el empleo debe considerarse con el mayor recelo", porque genera una producción desequilibrada y huérfana del complemento de los servicios públicos necesarios. Y Robert J. Barro, tan poco sospechoso para los hechiceros económicos del PP, recuerda que un recorte de la inversión en infraestructuras, circunstancia que llegará si se insiste en el desarme tributario, provoca una caída en picado de la productividad.

Pero supóngase que se admite la idoneidad, aquí y ahora, de una rebaja fiscal tan atropellada e inorgánica. Todavía quedaría en pie la objeción de que cuando se utiliza la política fiscal con ánimo de estimular la economía hay que esperar que se aplique con pulso más discriminatorio y milimetrado que el que se persigue con la política monetaria. El incentivo deseado se alcanzaría con mayor eficacia si el dinero inyectado se hubiese concentrado en los tramos inferiores de renta; desde Kaldor se sabe que la propensión al consumo de las rentas más bajas es muy superior a la de las rentas altas. Hubiese bastado subir el mínimo exento en el IRPF. Este Gobierno debería aprender de Chesterton que no se puede hacer una locura con la idea de alcanzar la cordura.