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Los particulares acorralan a Muñoz al exigir el derribo de las viviendas ilegales

Ellos, los vecinos a los que le tapan las vistas con un muro, quienes se han quedado sin colegio o sin un parque para sus hijos por los desórdenes urbanísticos de Marbella (Málaga) también son terceros de buena fe y son capaces de hacer que se investigue judicialmente al Ayuntamiento de Marbella por no ejecutar sentencias que implican demoliciones. Los vecinos de la urbanización Los Monteros ha conseguido que la Fiscalía de Málaga indague sobre la negativa pública del equipo de Ángeles Muñoz (PP) a derribar propiedades ilegales con sentencia firme hasta que se apruebe el nuevo Plan Urbanístico. Los vecinos de Los Monteros, representados por la abogada Inmaculada Gálvez, hacían notar que en la delegación de Urbanismo no se había movido un dedo para ejecutar cuatro sentencias, entre las que se incluye la demolición de una parte de la casa del actor Antonio Banderas.

La apertura de la investigación ha ocasionado un gran revuelo y un cruce de acusaciones de dejación de funciones entre las administraciones local y autonómica. Mientras la alcaldesa accidental, María Francisca Caracuel explicaba calmadamente que se ha tomado esta determinación para no ocasionar "daños irreparables" a los propietarios de esas viviendas ilegales antes de ver si tienen posibilidad de regularizar su situación en el Plan General de Ordenación Urbanística, el consejero de la Presidencia de la Junta, Gaspar Zarrías, cargó las tintas comparando los comportamientos del Ayuntamiento marbellí y su alcaldesa con los de "Gil y compañía".

En Marbella hay en torno a las 40 sentencias pendientes de ejecución que declaran nulas licencias de obra. En la mayoría de estos procedimientos, que afectan a unas 1.000 viviendas ilegales, la Junta de Andalucía es la administración que denunció las irregularidades y la que solicita la ejecución de sentencia. Sin embargo, en las decisiones judiciales que se conocen, el Gobierno andaluz se ha avenido a los requerimientos del Ayuntamiento marbellí de aplazar la ejecución hasta que se apruebe el Plan General. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía no ha puesto impedimento, dada la especial situación que atraviesa la ciudad.

La peculiaridad se da cuando, como ocurre en el caso de la urbanización Los Monteros, los denunciantes son particulares, aunque se dan muy pocos casos en la ciudad.

La asociación de vecinos Arroyo Guadalpín es uno de ellos. Desde junio están pidiendo al Ayuntamiento marbellí que ejecute una sentencia firme que anula la licencia del edificio Jardines del Príncipe porque sobrepasa la edificabilidad. Su lucha comenzó en 1.999 al ver que se estaban construyendo un edificio de seis plantas donde iban unos adosados y casas unifamiliares que en teoría no tenían por qué entorpecerles las vistas.

"Nos reunimos con la concejal, hemos solicitado una cita con la alcaldesa y con el Defensor del Pueblo andaluz, y no descartamos ir a ver al presidente del TSJA", sostiene Mercedes Vázquez, la presidenta del colectivo. El complejo, situado al inicio de la Milla de Oro marbellí, está formado por dos edificios con 81 apartamentos prácticamente terminados, pero no habitados. Los redactores del PGOU consideran que sobrepasa la edificabilidad permitida y piden que se reduzca en un 60%.

El Ministerio Público todavía tiene que resolver si acepta otra denuncia similar que Ecologistas en Acción presentó contra el Ayuntamiento en diciembre. En esta ocasión también se acusaba al equipo de Gobierno de Ángeles Muñoz (PP) de supuesta prevaricación administrativa al negarse a revisar 1.000 licencias y convenios con irregularidades suscritos por las distintas corporaciones del GIL entre julio de 1991 y marzo de 2006. Después de registrar el documento en la Fiscalía de Málaga, la ONG también solicitó a la Consejería de Obras Públicas que interpusiera una querella por este comportamiento ante el juzgado que correspondiese.

La Junta no recoge el guante lanzado por los conservacionistas y opta por que sean los tribunales que dictaron la revisión de las licencias los que determinen si el Ayuntamiento acata esas resoluciones. En un escrito del pasado 9 de enero el escrito, dirigido a Ecologistas en Acción, el director de Inspección de Ordenación del Territorio, José Ortíz Mallol citó numerosa legislación y jurisprudencia que ordena al Ayuntamiento marbellí la revisión de una licencia nula.

Dos sentencias del juzgado contencioso administrativo número 5 de Málaga, de marzo y junio de 2007 ordenaron al Ayuntamiento que "sustancie por todos sus trámites el correspondiente procedimiento de revisión de oficio de actos nulos de pleno derecho".

Adiós a la maraña societaria del GIL

El Ayuntamiento de Marbella ha decidido suprimir las dos empresas municipales que el GIL utilizaba para hacer la mayoría de las contrataciones de personal y compras de suministros cuya legalidad ha sido cuestionada en numerosas ocasiones tras la disolución de la corporación municipal por el caso Malaya. Las sociedades municipales que desaparecen son Obras y Compras y la de Turismo. La medida afectará a unos 800 trabajadores que serán reubicados en otros puestos. En lugar de estas empresas se crearán otras como Vivienda y Aparcamientos, más acordes, según el equipo de Gobierno, con las necesidades de la ciudad.

La remodelación forma parte de la catalogación de puestos de trabajo que el equipo de Gobierno de Ángeles Muñoz pretende llevar a pleno en marzo. Con ella, el coordinador de personal, Carlos Rubio, busca acabar con la "maraña instrumental" con la que las corporaciones del GIL terminaron "absorbiendo gran parte de los recursos municipales para intereses que no eran estrictamente los generales".

Según Rubio, la Gerencia de Obras se destinaba única y exclusivamente para la contratación de personal al margen de los procedimientos que marca la legislación, mientras que la Gerencia de Compras y contratación hacía lo mismo con la adquisición de bienes y servicios.

El equipo de Muñoz también reorganizará la delegación de Urbanismo y aunque no la convertirá en una gerencia, se dará mucha importancia a los procesos internos y organización. "El criterio técnico va a primar, de forma que tendrá un área de planeamiento y gestión y otra de disciplina con el apoyo jurídico incluido en ellas", explicó Rubio.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 31 de enero de 2008

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