El Gobierno actúa para cortar el dinero público que reciben ANV y PCTV

El Gobierno dio ayer el primer paso para que el Partido Comunista de las Tierras Vascas y Acción Nacionalista Vasca, contra quienes va a iniciar acciones legales por incumplir la Ley de Partidos, no reciban un solo euro más de las arcas públicas.

Por la elección de nueve diputados, los 'abertzales' cobraron 200.000 euros

El ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, solicitó ayer a la Abogacía del Estado que pida al Tribunal Supremo "la suspensión de entrega a dichos partidos de todos los recursos procedentes de la financiación pública, cualquiera que sea su tipo o naturaleza". A partir del momento en que el Supremo acceda a esta petición, ambos partidos perderán cualquier financiación de origen público de la que puedan estar disfrutando, en cualquier ámbito de representación (ANV tiene 437 concejales en 43 localidades vascas y navarras y el PCTV tiene nueve diputados en el Parlamento vasco).

El ministro del Interior tiene esta facultad desde este verano, en virtud de la reforma de la Ley de Financiación de Partidos Políticos. El Gobierno se autolimitó las atribuciones con esta reforma. Desde 2003 y hasta la reforma de este año, la suspensión de financiación pública a partidos que incurren en supuestos delictivos de la Ley de Partidos dependía exclusivamente del ministro, sin ningún tipo de intervención judicial. Ningún ministro del Interior utilizó esa facultad en los cuatro años que estuvo vigente (Ángel Acebes, José Antonio Alonso y el actual).

Durante la reforma de la ley en las Cortes, el PP se aisló del consenso y, entre otras cosas, acusó al Gobierno de querer "abrir la puerta a la financiación de Batasuna".

El Partido Comunista de las Tierras Vascas recibió un total de 196.166 euros por los nueve escaños logrados en 2005, en las elecciones autonómicas vascas, informa Aitor Guenaga. Por cada uno de los más de 150.000 votos obtenidos en esos comicios recibió 0,73 euros, además de 36.317,89 euros por cada una de las tres circunscripciones en las que obtuvieron representación. Además, la asignación anual del PCTV es de 1.079.000 euros brutos en concepto de salarios y subvenciones por el grupo y los nueve escaños. En total, habrán sido 4.316.104 euros cuando termine la legislatura. El PCTV mantiene una oficina en la Cámara vasca además de la sede de San Sebastián, que fue registrada en la operación policial contra la Mesa Nacional de Batasuna el pasado octubre.

Paralelamente, en el proceso iniciado con el acuerdo del Consejo de Ministros del pasado viernes, la Fiscalía General del Estado presentará hoy la demanda de ilegalización del Partido Comunista de las Tierras Vascas (PCTV / EHAK) en la que pedirá a la Sala Especial del Tribunal Supremo la suspensión de actividades del partido con todos los efectos políticos inherentes. La lista de demandas de la fiscalía incluye: cierre de locales, embargo de subvenciones, embargo de cuentas corrientes y suspensión de los derechos de participar en las próximas elecciones e ir en listas electorales. Según fuentes fiscales, la demanda se centrará entre otros motivos, en que el PCTV desplegó una estrategia de apoyar económicamente no sólo a personas vinculadas a la Mesa Nacional de Batasuna sino que también transfirió importantes cantidades de dinero a la formación ilegalizada.

Según las citadas fuentes, la investigación no sólo ha demostrado la conexión económica entre el PCTV y Batasuna, sino que también se ha logrado acreditar que dicha vinculación no ha sido ocasional o esporádica, sino reiterada y periódica. En suma, en torno al Partido Comunista de las Tierras Vascas se ha establecido una trama para aprovechar sus fuentes de financiación como partido legal para contribuir a la subsistencia de los máximos dirigentes de Batasuna y de la propia formación ilegalizada. Es decir, el PCTV se ha convertido en una fuente de financiación generalizada tanto de los máximos dirigentes de Batasuna como de los propios partidos ilegalizados, incluyendo, además de a Batasuna, a las marcas Euskal Herritarrok y a Herri Batasuna. Estos son algunos de los aspectos de la investigación recogidos en la demanda:

- Estrategia económica común. El fiscal cita en la demanda datos obtenidos por la policía y Guardia Civil que apuntan al diseño de una estrategia económica común entre el PCTV, la formación ANV y Batasuna, sustentada sobre un sistema de caja común única que se nutría de todo tipo de ingresos y desde el que se realizaban los correspondientes pagos tanto para las necesidades del PCTV y de ANV como para los de la Mesa Nacional de Batasuna.

- Sede social común. Otro de los indicios aportados por los investigadores se refieren a la utilización común de la sede social del PCTV para archivar su contabilidad y la de ANV, además de las facturas de gastos de dirigentes de Batasuna relacionadas con actos políticos dirigidos a la opinión pública.

- Contratación de personas. El fiscal menciona también la contratación generalizada por parte del PCTV de personas relevantes de las formaciones ilegalizadas. Para el fiscal, el nexo para esos vínculos laborales ha sido la estrecha vinculación con Batasuna, y algunos contratados son personas de la máxima responsabilidad dentro de su organigrama. En algunos casos hay vínculos de algunos de los contratados con la banda terrorista ETA.

- Ingresos del PCTV para Batasuna. Periódicamente, el PCTV ingresó diferentes cantidades en concepto de nóminas a esas personas contratadas y vinculadas a Batasuna. En determinados días de octubre de 2007, el PCTV realizó 20 transferencias simultáneas a otras tantas cuentas de sus asalariados por un total de 27.000 euros. En días posteriores, los trabajadores del PCTV sacaron el dinero mediante reintegros en efectivo.

- Dinero de Batasuna al PCTV.Los investigadores han detectado ingresos hechos por personas vinculadas a Batasuna en cuentas del PCTV, sin especificar conceptos. En todos los casos, las cantidades eran de alrededor de 7.000 euros.

- Cuentas de Batasuna en el extranjero. Asimismo, se han detectado un total de 19 transferencias realizadas desde una de las cuentas del PCTV a diferentes cuentas de bancarias localizadas en el extranjero de las que eran titulares significados miembros de Batasuna.

En este contexto, la Fiscalía de la Audiencia Nacional considera que la alcaldesa de Hernani (Guipúzcoa), Marian Beitialarrangoitia, cometió dos delitos de enaltecimiento del terrorismo e injurias y calumnias a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, el pasado 13 de enero, en su discurso durante el acto de presentación de candidaturas de ANV en Pamplona, informa José Yoldi. Por eso, la fiscalía recurrió el archivo dictado por el juez Santiago Pedraz.