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Los 'mossos' imputados de Les Corts patrullan por las calles de Barcelona

El fiscal pide que haya juicio por un delito contra la integridad moral

Ya vuelven a lucir el uniforme policial y patrullan por las calles de Barcelona. Los cinco mossos d'esquadra imputados por infligir malos tratos a dos detenidos en la comisaría de Les Corts han vuelto al trabajo. El Departamento de Interior les suspendió de empleo y sueldo después de que una cámara oculta grabara las agresiones en la sala de cacheos de la comisaría central de Barcelona. Nueve meses después del escándalo que produjo la difusión de las grabaciones y que salpicó a toda la policía autonómica, Interior ha rectificado, aunque con precauciones.

Para empezar, los agentes tienen ahora otro destino. Ya no custodiarán detenidos ni volverán a pisar Les Corts. Se reincorporan, eso sí, a la unidad de seguridad ciudadana de la Región Policial Metropolitana Barcelona. Y no estarán juntos. A los cuatro policías acusados de propinar puñetazos y patadas para reducir al detenido Rubén Pérez -un cabo, un policía y dos agentes en prácticas- "se les dispersará", explican fuentes de Interior. Eso significa que cada policía estará asignado a un distrito barcelonés distinto, informan las mismas fuentes.

UGT ha pagado a dos policías. Los demás han vivido de sus ahorros
Los sindicatos aplauden la medida y creen que se debe a la presión ejercida

La agente femenina acusada de abofetear a la joven rusa Elena Podvigina -que en las imágenes grabadas con cámara oculta aparece esposada y semidesnuda- también permanecerá en la ciudad de Barcelona. Interior le asignará "el destino operativo que determinen las necesidades del servicio".

Los sindicatos policiales se han mostrado "muy satisfechos" por la reincorporación porque es lo que han venido reclamando desde el principio. "Todo el tiempo hemos dicho lo mismo: que no hay que llevar a cabo un juicio paralelo y que hay que respetar la presunción de inocencia", sostiene Valentín Anadón, del sindicato mayoritario, SAP-UGT.

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Anadón ve "lógico" que el grupo de los cuatro implicados en la agresión a Rubén Pérez sea disuelto. Y cree que es una buena señal el hecho de que se reincorporen a la misma unidad y que se queden en Barcelona.

No opina de la misma manera el abogado Jaume Asens, que ejerce la acusación en ambos procesos judiciales. "Es una decisión política contradictoria, porque nada ha cambiado ni nada justifica la readmisión, excepto el paso del tiempo". El letrado considera: "Se puede estar a favor o en contra de la suspensión, pero lo que no se entiende es que primero se haga una cosa y ahora se cambie de criterio". Con todo, Asens reconoce que es positivo que los cinco policías hayan sido alejados de Les Corts.

¿Qué motivos hay para devolver a los mossos el empleo y el sueldo? Interior argumenta que una suspensión cautelar "no puede convertirse en una sanción efectiva" y opina que se "podría agravar la situación de los agentes más aún cuando la medida cautelar ya ha producido sus efectos". Los sindicatos policiales, en cambio, ven otros motivos. Por ejemplo, que Interior ha dejado "pasar el tiempo" y ahora, cuando la presión mediática es menor, ha decidido "empezar a hacer justicia".

Aunque el principal motivo, argumentan los sindicatos, es la presión que han ejercido sobre los responsables del departamento. "Hemos presionado y, además, no había ninguna razón para que siguieran apartados. Ni pueden influir en la investigación, que sigue su curso en el juzgado, ni sirve para evitar un mal mayor", subraya David José, del Sindicato de Policías de Cataluña (SPC). En su opinión, mantener las medidas cautelares "raya en la ilegalidad".

De forma parecida opina Carles Monguillod, el abogado defensor de los policías. "Confiaba en que se levantaría la sanción. Al principio podía entenderse como medida cautelar, pero ahora no está justificada porque si el caso llega finalmente a juicio, tardará todavía un tiempo", afirma.

El Juzgado de Instrucción número 8 de Barcelona ya ha acabado la investigación contra los cuatro mossos por la agresión a Rubén Pérez y ahora sólo falta que el juez decida cerrar el caso o continuar su tramitación. El fiscal ya ha solicitado que se juzgue a los agentes por un delito contra la integridad moral y una falta de lesiones.

Durante estos nueve meses sin trabajar y sin cobrar, los cinco mossos imputados han vivido de los ahorros, de los ingresos de familiares y del apoyo de los amigos. Dos de ellos, además, han recibido parte de su sueldo del sindicato SAP-UGT. La paga mensual asciende a más de 700 euros, aunque sin contar los complementos específicos, que representan "buena parte del salario de un mosso", explica Valentín Anadón.

La cámara oculta grabó el maltrato en la comisaria de Les Corts a la joven rusa, Elenea Podvigina (izquierda). A la derecha,  los agentes reducen y golpean a Ruben Pérez.
La cámara oculta grabó el maltrato en la comisaria de Les Corts a la joven rusa, Elenea Podvigina (izquierda). A la derecha, los agentes reducen y golpean a Ruben Pérez.

Cintas de vídeo y lectura de labios

La prueba clave de las agresiones a Rubén Pérez Marcos, de 38 años, y a Elena Podvigina, de 24, son las dos grabaciones realizadas con cámara oculta en la sala de cacheos de Les Corts. Probablemente, si no existieran esas filmaciones Interior no habría suspendido de empleo y sueldo a los policías. En otros casos de denuncias por mayores excesos policiales que investiga la justicia y de los que no existe grabación, no se ha actuado de igual manera.

Así se entiende que la estrategia de la defensa pase por negar la mayor. Es decir, por anular la validez de los vídeos en los que se aprecia claramente el comportamiento de los policías. Carles Monguillod, defensor de los cinco mossos , ha impugnado la validez de las grabaciones ante la Audiencia de Barcelona por considerar que vulnera el derecho a la intimidad de todas las personas que aparecen.

Hasta ahora, los jueces que investigan ambas agresiones no sólo han aceptado los vídeos como prueba, sino que los han visionado en numerosas ocasiones desde el primer día.

En el caso de la agresión a la joven rusa, la grabación muestra un diálogo entre las policías y la detenida antes de que ésta sea obligada a desnudarse y la abofeteen. La muchacha y las mosses se acusaron mutuamente ante el juez de insultarse durante esa conversación. Por eso, el juez decidió finalmente que un sordomudo visionara la cinta y leyera los labios de las policías y la detenida para poder aclarar qué se dicen.

El experto acudió al juzgado a realizar esa prueba, pero no pudo a causa de la deficiencia de la grabación. La justicia pidió a Interior el original y ahora se está a la espera de que el sordomudo emita su informe sobre la conversación.

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