Obras Públicas costeará el derribo de viviendas ilegales en Cádiz

La Junta de Andalucía tiene abiertos 12 expedientes de demolición con sentencia firme en la provincia de Cádiz, sobre las que ya hay ocho órdenes de derribo con carácter inminente. Una de las principales trabas que encuentra la Fiscalía para reponer la legalidad urbanística es la tardanza que acumula la ejecución de estos fallos judiciales.

La falta de recursos económicos de los particulares y de los ayuntamientos para acometer estos derribos lleva a la Junta a asumir de forma subsidiaria estos pagos, aunque transcurrido un considerable tiempo. La Consejería de Obras Públicas y la red de fiscales de Andalucía han ultimado un protocolo para que sea el Ejecutivo andaluz el que asuma estos costes y reduzca trámites al restablecimiento de la legalidad.

El código penal establece que deben ser los propietarios los que acometan y paguen el derribo de sus casas sin licencia. Pero pocas veces se da esta circunstancia. Todavía en El Palmar (Vejer, Cádiz) se recuerda el caso de Rosendo Bonillo, que en 2006 se derribó sus cinco chalés en cumplimiento de una sentencia. O el más reciente de una pizzería en la misma pedanía, cuyo dueño también prefirió demoler por su cuenta. No es lo más habitual.

Los propietarios suelen aferrarse a recursos judiciales y a la esperanza de que una futura regularización salve sus casas. Cuando los particulares no actúan, el mismo código penal establece que son los ayuntamientos los que deben asumir esta responsabilidad, aunque no todos tienen fondos para ello. Al final, es la Junta la que ejecuta la demolición.

Para evitar estas trabas, Obras Públicas y la red de fiscales de Medio Ambiente han preparado un protocolo que establece que la Consejería se haga cargo de los costes de este proceso. El fiscal de Medio Ambiente de Cádiz, Ángel Núñez, se felicita. "Es una ayuda necesaria porque el proceso de demolición es muy complejo y se dilata en el tiempo", sostiene. El delegado de Obras Públicas, Pablo Lorenzo, matiza que las aportaciones autonómicas no serán generales sino que se aprobarán tras estudiar cada caso.

Desde 2001 la Delegación de Obras Públicas de la Junta y hasta finales de 2007 había abierto 385 expedientes urbanísticos para perseguir la proliferación de viviendas ilegales. La mayoría de ellos, 283, fueron sancionadores. En la actualidad la Junta tiene aprobados los expedientes de contratación de obras de demolición para dos casas de El Palmar.

También la Demarcación de Costas ha decidido intervenir ante las viviendas ilegales. El Ministerio de Medio Ambiente entregará incentivos a los ayuntamientos que colaboren en poner orden al urbanismo salvaje. Ya se han iniciado conversaciones con los ayuntamientos de Vejer, Rota, Chipiona, Sanlúcar y Barbate. Esos planes consensuados conllevarían el derribo de casas ubicadas en zonas protegidas. A cambio esos suelos recibirían inversiones para mejorar los accesos a las playas, tratar las dunas dañadas o crear senderos en el litoral.