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El Gobierno sólo instará la ilegalización de ANV y PCTV cuando actúe Garzón

De la Vega condiciona la iniciativa política a la decisión del magistrado

El Gobierno sólo decidirá si actúa para dejar fuera de la ley a Acción Nacionalista Vasca (ANV) y el Partido Comunista de las Tierras Vascas (PCTV) cuando el juez Baltasar Garzón decida o no la suspensión de actividades de una o ambas formaciones. La vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, aseguró ayer tras el Consejo de Ministros que el Ejecutivo está pendiente de conocer los informes que policía y Guardia Civil han elaborado a petición del magistrado de la Audiencia Nacional. "En el mismo momento en que esos informes sean entregados y el juez adopte las decisiones que en su caso considere oportunas y dé traslado y podamos conocer esos informes, el Gobierno actuará de inmediato", explicó.

Garzón tendrá que decidir, a la vista de esos informe, si resuelve la suspensión de actividades de uno o de los dos partidos, como continuadores de las actuaciones de la ilegalizada Batasuna. Para ello, aún se está elaborando el informe conjunto de los servicios de Información del Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil. La previsión es que estén concluidos y acabados a lo largo de la semana que viene. Los mismos informes, a su vez, podrían servir para que el Ejecutivo instara ante el Tribunal Supremo la ilegalización de ambas formaciones si entendiera que se vulneran la ley de Partidos Políticos.

"Como saben", subrayó De la Vega, "el Gobierno está pendiente de que los informes solicitados a las Fuerzas de Seguridad del Estado en un procedimiento judicial que se sigue en la Audiencia Nacional sean facilitados e incorporados a la causa, que en este momento se encuentra bajo secreto de sumario". Será entonces, "si de esos datos se deduce lo que parece que se puede deducir", cuando el Consejo de Ministros "dará las instrucciones precisas para que los servicios jurídicos del Estado interpongan las acciones correspondientes".

Tal y como avanzan las fechas, la suspensión de actividades y la instancia de ilegalización podrían darse la mano y caminar al compás durante las dos primeras semanas de febrero. Los plazos se agotan, ya que las elecciones son el 9 de marzo. Sin embargo, aún sin ilegalización, la Fiscalía y la Abogacía del Estado pueden actuar en el procedimiento electoral impugnando las candidaturas sospechosas de vinculación con ETA o Batasuna, vengan de las dos formaciones ahora cercadas judicialmente o de otra formación o lista. ANV va a presentar mañana a sus ocho candidatos para el Congreso y el Senado por las tres provincias vascas y Navarra.

Las inminentes ilegalizaciones de ANV y del PCTV solo conseguirán "que el sufrimiento perdure más tiempo". Así lo dijo ayer Patxi Urrutia, dirigente de la izquierda abertzale, que además denunció que estos procesos "no responden a crímenes de gente de la izquierda abertzale, sino a una decisión política".

Mientras, el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha solicitado las imágenes del acto que ANV celebró el pasado sábado en Pamplona en el que la dirigente de esta formación y alcaldesa de Hernani, Marian Beitialarrangoitia, mostró públicamente su apoyo a los presos etarras y llegó incluso a pedir un aplauso para Igor Portu y Mattin Sarasola, detenidos el día de Reyes en la localidad guipuzcoana de Mondragón y dos de los tres presuntos autores materiales del atentado de la T-4 de Barajas.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 19 de enero de 2008