Batasuna y compañía

La vicepresidenta del Gobierno reiteró ayer que, en cuanto se reciba el informe sobre ANV y el Partido Comunista de las Tierras Vascas (PCTV) pedido a las fuerzas de seguridad, el Gobierno instará a los servicios jurídicos del Estado para que presenten la demanda de ilegalización de esas formaciones como sospechosas de dar continuidad fraudulenta a la ilegal Batasuna. Se deduce de ello que la decisión política de instar la ilegalización, tras los nuevos indicios conocidos, ya está tomada. Es lo que corresponde al Gobierno. Decidir sobre la ilegalización es responsabilidad de los tribunales, de acuerdo con las pruebas jurídicas.

Esta iniciativa coincide con el fin del periodo de cinco años, no prorrogable, de suspensión cautelar de Batasuna decretada en su día por el juez Garzón. Sin embargo, ese hecho no afectará a la posibilidad de ilegalización de ANV y el PCTV. Garzón ha dictado un auto en el que, a la vez que comunica el final de dicha suspensión, recuerda que esa formación sigue siendo ilegal por sentencia firme del Supremo y advierte contra los intentos de burlar esa resolución. La suspensión cautelar, decidida en el marco del proceso penal contra el núcleo dirigente de Batasuna por supuesta integración en ETA, ha resultado un instrumento muy útil para contrarrestar los intentos de burlar la ilegalización. Y a la vez un instrumento más ágil que el previsto en la Ley de Partidos, que se limita a una exigencia genérica de responsabilidades a dilucidar en cada caso concreto.

Conociendo las tretas habituales de Batasuna, es de temer que intente aprovechar el fin de la suspensión penal para ensayar nuevas formas de esquivar los efectos prácticos de su ilegalización. De ahí la necesidad, por parte sobre todo del ministerio fiscal, de una estricta vigilancia para que la justicia actúe con rapidez, y si es posible preventivamente, frente a las maniobras con que intentarán poner a prueba la capacidad de respuesta del Estado de derecho a sus provocaciones.

En tanto no se desmarque claramente de la banda, se trata, según señala el auto de Garzón, de un partido ilegalizado que "continúa formando parte del entramado terrorista". Y no parece, como se ha demostrado en el llamado proceso de paz, que tenga capacidad o siquiera voluntad de desvincularse de esa red.