El Gobierno eximió a dos empresas de su responsabilidad por el lindane
"La Comunidad Autónoma del País Vasco asumirá (...) las responsabilidades que pudieran derivarse de los daños que (...) se puedan producir a personas o bienes por los residuos de HCH [desechos del lindane]". Así de rotundo es el contrato firmado en 1994 por el Gobierno vasco y dos multinacionales alemanas que fabricaron el pesticida en Vizcaya, Boehringer y Merck. A cambio de una compensación de 650 millones de pesetas (3,9 millones de euros), las dos empresas, que fabricaron el pesticida entre 1965 y 1982, consiguieron que el Gobierno les eximiera de toda responsabilidad en la contaminación de la zona.
Parte del contrato, revestido bajo la forma de un "acuerdo de colaboración", ya fue hecho público por el Gobierno de entonces. El texto completo fue revelado ayer por la asociación ecologista Lur Maitea.
"Hicimos lo que teníamos que hacer", se defiende el consejero de Medio Ambiente de la época, el socialista José Antonio Maturana, quien firmó el contrato. "Fue una negociación muy dura. Los alemanes no cedían. Mi equipo y yo levantamos la liebre de los vertederos ilegales y dimos la cara", asegura Maturana, hoy retirado de la política. El volumen de tierras contaminadas en Vizcaya por el pesticida, que origina casi 10 kilos de residuos por cada uno fabricado, llegó a alcanzar los 500.000 metros cúbicos en 35 vertederos incontrolados. Su limpieza costó miles de millones de pesetas.
Reconocimiento escrito
Medio Ambiente no quiso confirmar ayer la validez del contrato y de la cláusula de exención de responsabilidades futuras. Concretamente, si debería asumir eventuales indemnizaciones en el caso de que se probara judicialmente que el lindane ha causado dolencias a las personas expuestas. "Pregúntenle a Maturana", respondió un portavoz de la misma. "Él es quien firmó y quien tiene que asumir la responsabilidad. Además, Lur Maitea sólo quiere hacer ruido, han abierto varios procesos judiciales contra nosotros y todos han sido desestimados", añadió. La asociación confirmó que intentará reabrir la causa archivada en 2003 por el depósito de Sondika.
Una de las empresas firmantes, Merck, afirmó que nunca se ha podido demostrar su responsabilidad en los vertidos. "Intentaron imputarnos a través de dos expedientes sancionadores", contó a este periódico Ana Céspedes, su directora de comunicación. "Por eso queríamos que se reconociera por escrito que no teníamos nada que ver".
