Unos papeles en ríos revueltos

Las tierras de Punta Pereira, en el suroeste de Uruguay, comenzarán a moverse la próxima semana, a partir del día 14. Las removerán las grúas del Grupo Empresarial ENCE, que ha mudado allí, sobre las costas del Río de la Plata, el proyecto de planta de pasta de celulosa que iba a instalar en un principio sobre el río Uruguay, frente a Argentina, que se oponía a ese emprendimiento por motivos medioambientales. Comienza a concretarse así una inversión de 1.250 millones de dólares (850 millones de euros) que ha abierto hace más de cuatro años un conflicto diplomático entre Argentina y Uruguay, aún persistente.

No a la contaminación

Las obras requerirán el trabajo de 5.000 obreros y técnicos y, una vez finalizadas, en 2010, la planta empleará a 500 personas

La historia comenzó en 2002, cuando ENCE presentó al Gobierno de Uruguay, entonces presidido por el liberal Jorge Batlle, su proyecto de inversión de 600 millones de dólares para producir 500 toneladas de pasta celulósica por año en Fray Bentos (300 kilómetros al noroeste de Montevideo), ciudad separada por el río Uruguay de la argentina Gualeguaychú. Pese a que Argentina cuenta con 10 fábricas de celulosa, entre los habitantes de Gualeguaychú, balneario sede del carnaval más famoso de este país, empezaron a esparcirse los relatos sobre la contaminación que produjo ENCE en Pontevedra.

En septiembre de 2003, millares de gualeguaychuenses cortaron por primera vez el puente que los une con Fray Brentos, uno de los tres que entrelazan Argentina y Uruguay. Desde hace más de un año, ese puente permanece cortado en forma ininterrumpida para la circulación de vehículos.

Pese a aquella primera protesta de los vecinos de Gualeguaychú -los piqueteros, como se los califica en Uruguay-, Batlle autorizó de inmediato la instalación de ENCE, y semanas después el Gobierno argentino, que entonces presidía Néstor Kirchner, protestó por escrito ante el uruguayo porque alegaba que la concesión del permiso violaba el Estatuto del Río Uruguay, que establece la necesidad de acordar entre ambos países sus usos, actividades y conservación.

Durante el año, el socialdemócrata Tabaré Vázquez, con apoyo de Kirchner, asumió la presidencia de Uruguay, pero al poco tiempo autorizó la instalación de otra planta de celulosa en Fray Bentos, la de la finlandesa Botnia, con una inversión de 1.200 millones de dólares para producir un millón de toneladas anuales. En el verano austral de 2006 se recrudecieron los cortes de puentes por parte de manifestantes argentinos para impedir que sus compatriotas pasen sus vacaciones en Uruguay, que vio así afectada una de sus principales fuentes de divisas, el turismo.

En marzo de 2006, Kirchner y Vázquez pactaron que se suspendiesen las obras de construcción de ENCE y Botnia, pero la empresa finlandesa no hizo caso. Dos meses después, Argentina demandó a Uruguay ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya por la presunta violación del Estatuto del Río Uruguay. Montevideo respondió querellándose contra Buenos Aires ante el Tribunal de Mercosur porque argumentaba que Argentina permitía cortes de puentes que impedían la libre circulación de mercancías en esa unión aduanera.

Durante el pasado mes de noviembre, Kirchner le pidió al rey Juan Carlos que mediase ante Vázquez, y entonces comenzó la intervención del embajador de España ante las Naciones Unidas, Juan Antonio Yáñez-Barnuevo. Al mes siguiente, el presidente de ENCE, Juan Luis Arregui, se reunió con el presidente Kirchner y anunció en la Casa Rosada (sede del Gobierno argentino) que desistía de su proyecto de Fray Bentos y lo mudaría a las costas del Río de la Plata, 40 kilómetros enfrente de la margen argentina. El Gobierno de Kirchner elogió esa decisión. La mediación del Rey no pudo, en cambio, poner de acuerdo a Argentina y Uruguay sobre la fábrica de Botnia, que terminó comenzando a operar en noviembre último.

ENCE perdió hasta 240 millones de dólares de inversión en Fray Bentos -según fuentes de la empresa-, pero no se amilanó. Decidió instalar en Punta Pereira, próxima a la ciudad de Colonia del Sacramento y a 220 kilómetros al oeste de Montevideo, una planta que produciría el doble que la pensada originalmente (un millón de toneladas), con una inversión que también duplicaría a la del proyecto inicial. Las obras requerirán el trabajo de 5.000 obreros y técnicos y, una vez finalizadas, en 2010, la planta empleará a 500 personas.

Exportaciones a la vista

ENCE, que ya cuenta en Uruguay con 150.000 hectáreas plantadas con eucaliptos, exportará toda la producción de su futura fábrica, lo que generará una facturación de alrededor de 415 millones de dólares anuales. El consejero delegado de ENCE, Pedro Oyarzábal, no ha dudado en calificar instalación de su empresa en Uruguay como "el proyecto más importante de inversión española en el mundo".

A fines del año pasado, el Gobierno de Vázquez autorizó a ENCE a comenzar a remover las tierras donde se construirá la planta. El subsecretario uruguayo de Medio Ambiente, Jaime Igorra, dijo que a mediados de este mes se iniciarán esas tareas, pero la fábrica sólo se podrá levantar a partir de marzo, cuando esté aprobado el estudio de impacto ambiental.

En Uruguay también existen grupos ecologistas y agrícolas que se oponen tajantemente a la instalación de la factoría de ENCE por la posible contaminación, dada la experiencia de Pontevedra, y por el avance del capital extranjero en la compra de tierras para forestación de eucaliptos.

En Argentina, los manifestantes de Gualeguaychú se solidarizan con ellos, y el nuevo Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner asegura que está "reflexionando" sobre la nueva ubicación de ENCE y promete que "seguirá los procedimientos que correspondan" de acuerdo con la Comisión Administradora del Río de la Plata, que integran Argentina y Uruguay para cuestiones inherentes a este mar de agua dulce, según señalaron fuentes del Ministerio de Relaciones Exteriores argentino.