Camps, el rey del hercio

De momento, a la furia desatada por Francisco Camps y su dicharachera troupe contra los repetidores de TV3 le han echado un jarro de agua helada. Ha sido en Castellón, donde el juzgado número 2 de lo contencioso administrativo, en atención a las alegaciones formuladas por Acció Cultural del País Valencià (ACPV), ha denegado a la Generalitat la autorización para entrar en el repetidor instalado en El Bartolo (Benicàssim), propiedad de la citada asociación, con objeto de saquear la señal e interrumpir las emisiones de la televisión catalana, según cumple a sus delirios persecutorios. Como es presumible, Francisco Camps y su Consell apelarán el auto.

Pero, al margen del resultado de la apelación, el encarnizamiento del ejecutivo popular en este empeño reiterado y obsceno ya ha mostrado, sin paliativos, su descarada naturaleza política y de turbios intereses, y ha puesto públicamente en cuestión la pretendida legalidad de sus actuaciones. Y es que, estos señores del PP están perdiendo hasta las cartas de marear y ya ni siquiera se aclaran en el limbo radioeléctrico. Con razón, me decía uno de los dirigentes de Acció Cultural que la defensa de los derechos de miles y miles de valencianos a la libertad de expresión y a recibir información veraz por cualquier medio de difusión, no sólo era constitucional y justa, sino también legal, a la vista del fallo del referido juzgado. Pero las comarcas del sur, la mitad del País, no recibe la señal de TV3, desde que la derecha montaraz consiguió hacerse con el repetidor de la Carrasqueta y lo cerró y lo precintó, en la oscuridad de la noche y sin aviso alguno, siguiendo así su despectivo comportamiento hacia la ciudadanía. A la luz de estos episodios, se advierten, en toda su mezquindad, las represalias del gobierno valenciano del PP, contra una asociación cultural (ACPV) a la que ha impuesto una multa desorbitada de 300.000 euros. Una muy grave y peligrosa sinrazón, por el precedente que sienta, y por cómo vulnera los principios democráticos: un abuso del poder absolutamente intolerable. Es, en consecuencia, reconfortante y esperanzador que cada día se levanten más concluyentes críticas y más firmeza frente a tanta prepotencia y desvarío. Ayer mismo, Marina Albiol, diputada de EU, al conocer la decisión judicial, exigió que cesara la persecución lingüística y política contra TV3, por parte del Consell, quien financia una televisión de ideología fascista "como es la de Josety y Gimeno". Y afirmó: "El PP pretende imponer una dictadura informativa en el País Valenciano, eliminando todas aquellas voces que ofrecen una visión honesta y veraz de la realidad".

Confiemos en que prospere el recurso de inconstitucionalidad de la ley del audiovisual de la Generalitat, presentado por Acció Cultural del País Valencià al Tribunal Superior de Justicia (TSJ). Entre tanto, hay que tutelar a Francisco Camps y a su dicharachera troupe, no sea que se nos cuelen por cualquier socavón del dominio público radioeléctrico. Este Camps, que si rey del hercio, que si rey del hercio, hombre, en todo caso del mambo y con alguna colleja de Pérez Prado.