Las empresas de demolición sólo reciclan el 13% de los residuos

Tratar los escombros resulta más caro que pagar multas

La Asociación de Recicladores de Residuos de la Construcción de Galicia (Arcodega) denuncia que la mayor parte de las empresas no cumple la normativa que las obliga a hacerse cargo de la gestión de sus propios residuos o a entregarlos a un gestor autorizado para su valorización o eliminación, y sufragar los correspondientes gastos de gestión de estos residuos.

La Consellería de Medio Ambiente incoó entre 2004 y 2007 más de 350 expedientes sancionadores a empresas por esas irregularidades, pero según Arcodega, aun en el caso de ser descubiertas y sancionadas, a las empresas "les compensa incumplir porque es más barato pagar una multa que tratar los residuos adecuadamente". Los esfuerzos de algunas empresas del sector contrastan con la actitud de la mayoría, que incumple la normativa "ante la dejadez de la Administración". Según recordó el director de comunicación de Arcodega, José Benito García, a Europa Press "en Galicia sólo el 13% de los residuos de construcción y demolición se reciclan". En 2006 se generaron más de un millón de toneladas.

Algunos casos fueron los ocurridos en el área de Vigo, tras la demolición del edificio de Casa do Mar, donde se construirá el futuro Auditorio, o la demolición de la Fábrica de Tabacos en A Coruña, por la que se sancionó con 10.000 euros a la empresa vasca Usabiaga, que gestionó residuos sin autorización, según Medio Ambiente. Esta misma empresa también fue sancionada en 2007 con 6.000 euros de multa por entregar residuos a un gestor no autorizado.

En el caso de la demolición en Vigo, la propia Autoridad Portuaria denunció la gestión irregular de los residuos y el depósito de los escombros, incluidos materiales potencialmente contaminantes y peligrosos, de forma ilegal. Varias empresas subcontratadas para el transporte de esta mercancía trasladaron los residuos a fincas del Baixo Miño y a canteras de Portugal.

Arcodega advierte de que "los promotores de las obras y las instituciones que los contratan están obligados a hacer que se cumpla la ley", singularmente los ayuntamientos. Pero hasta hace poco se seguían permitiendo los "acopios temporales de rechazo, que acaban convirtiéndose en vertederos y escombreras ilegales". El nuevo plan de gestión de residuos que tramita la Xunta es "una entelequia", según Arcodega, y no se podrá cumplir al no haberse contado con los principales implicados.

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