El refugio del oficial argentino

Óscar Luis Carral Arrigucci ha cumplido los 35 años lejos de su tierra y de los suyos. Nació en la provincia argentina de Mendoza, donde trabajaba como oficial de los servicios de inteligencia de la policía. En Barcelona es un obrero más: todas las mañanas se levanta temprano y se cuelga la mochila al hombro para ir a la fábrica que el gigante japonés Sony tiene en Viladecavalls (Vallès Occidental). Envía buena parte del salario a su mujer, Daniela, y a su hijo, que siguen en América.

Hasta aquí, la historia de Carral es como la de cualquier otro inmigrante que llega a Europa para labrarse una vida mejor. Pero su biografía esconde situaciones más complejas. Este hombre robusto, atlético, de mirada infatigable y ojos negros como de potro, se encuentra refugiado en España. El oficial Carral, ahora inactivo por razones obvias, ha denunciado públicamente la existencia de una red de corrupción en el seno de la policía de Mendoza. Escuchas ilegales, connivencia con bandas delictivas y abuso de autoridad son algunas acusaciones que el refugiado ha llevado ante la justicia de su país.

"Aquello estaba podrido. Y yo no quise participar en ninguna ilegalidad"

El oficial acusa a mandos policiales de connivencia con bandas delictivas Carral decidió huir de Mendoza tras sufrir un intento de atentado en casa

"Aquello estaba podrido. Y yo no quise meterme en ninguna ilegalidad", advierte Carral, que se negó a tapar -y mucho menos a participar- en los presuntos trapicheos de sus superiores, y ha pagado con el exilio su actitud recta. "Recibí presiones, persecuciones y amenazas", dice. Hasta que un día, unos individuos intentaron atentar con una bombona de butano en su casa. Nadie resultó herido. Pero se dio cuenta de que tenía que poner tierra de por medio. Y hasta un océano.

El pasado agosto, Carral pidió el documento que le acredita como solicitante de asilo. La Comisaría General de Extranjería y Documentación del Cuerpo Nacional de Policía se lo concedió. Ahora reside en Sabadell, con la amargura de "no poder regresar". Daniela, que también es policía, vive a 300 kilómetros de casa. Teme por su seguridad.

Carral ingresó en la policía de Mendoza en 1995. Hace cuatro años le destinaron a los Servicios de Inteligencia Criminal. Allí empezó su calvario. Le encargaron que realizara escuchas telefónicas a presos de la penitenciaría de la provincia. Analizó 616 cintas y, fruto de las conversaciones, encontró numerosos indicios de delitos: "Narcotráfico, secuestros exprés...". Redactó los informes correspondientes y los entregó, esperando que alguien se hiciera cargo de la investigación. Pero la cosa no avanzó.

"Me enteré, poco después, de que mis informes habían sido quemados por accidente y que habían llevado las casetes al depósito judicial". Además del desinterés policial por investigar los casos, Óscar sostiene que algunas escuchas no estuvieron precedidas por una orden judicial, y en dos casos se pincharon líneas de particulares. "Todo esto es ilegal, y no estoy dispuesto a ir contra el Estado de derecho", insiste.

El oficial no denunció el caso ante sus superiores. ¿Por qué? "Es que las cosas ya estaban mal". A la sazón, Óscar investigaba la supuesta relación de un agente con una banda de atracadores que se preparaba para dar un gran golpe. Como en el filme Infiltrados, el Matt Damon de Mendoza fue cazado. Al verse descubierto, el agente denunció la desaparición de un sobre con dinero de la banda. "Se lo habían quedado otros policías. Por eso decidí llevar el caso a la fiscalía".

Horas más tarde, Carral y dos hombres de su confianza fueron trasladados a otras comisarías. En concreto, a la división que investiga los robos de cilindros de GNC. Se trata de unos aparatos instalados en casi 1,5 millones de vehículos en Argentina. "Y ahí di con una mafia más grande", sentencia.

El GNC (gas natural comprimido) se usa como combustible alternativo. Es, por tanto, un componente valioso de un coche. La policía de Mendoza, dice Carral, es la única en todo el país que posee una división para perseguir los robos de estos cilindros, conocidos genéricamente como GNC. "Por eso es un negocio redondo. De ahí sacaban tajada muchos policías", denuncia. Él y sus subordinados descubrieron que algunos tubos robados regresaban al mercado legal y aparecían en cualquier otra ciudad del país. Como por arte de magia. Carral denunció que sus superiores no querían investigar nada del asunto. Hasta que dio con un testigo -un comprador- que reveló la trama de corrupción. En ella aparecían como implicados, supuestamente, el subjefe de la división y varios policías más.

Óscar acudió a los medios de comunicación de Mendoza, que recogieron ampliamente la noticia. A su jefe superior no le gustó, pero aun así prometió que tomaría medidas y que investigaría a los corruptos. No lo hizo y obligó a Óscar a entregar los informes de las pesquisas al subjefe policial investigado. "¡El colmo!", se indigna el oficial, que acudió entonces a asuntos internos; a jueces, fiscales y políticos. Tanto removió el asunto que, asegura, empezó a temer por su vida. Tras simular un divorcio con su mujer, decidió salir de Argentina. Un fiscal especial de Mendoza investiga ahora todas las denuncias.