Riqueza del territorio, pobreza de la política

¿Creen ustedes que los accidentes de tráfico aumentan la riqueza de un país? Seguramente no y es lógico que así sea. Pero las estadísticas económicas consideran positivos estos accidentes puesto que reflejan las transacciones monetarias y, por lo tanto, los costes de las ambulancias y de los medicamentos, las reparaciones y los seguros, etcétera, servirán para aumentar nuestro PIB (producto interior bruto). En sentido contrario: ¿disponemos de algún indicador que nos permita evaluar e integrar en el cómputo de nuestra riqueza social el trabajo doméstico? Tampoco sabemos calcular la aportación a la riqueza del país de los miles de personas que se reúnen, se informan y debaten, y piensan y organizan acciones con relación a las situaciones que se dan en sus entornos, por lo que consideran sus derechos sobre el territorio en el que viven.

El desafío de Cataluña es conquistar poder sobre el territorio, sus infraestructuras y sus servicios

Se acaba de presentar el Anuari territorial de Catalunya que elabora la Sociedad Catalana de Ordenación del Territorio (SCOT). Es una obra inmensa en la que se analizan rigurosamente, mediante fichas informativas y analíticas complementadas por artículos de opinión, 200 casos de conflicto territorial. En todos ellos aparecen los actores confrontados, instituciones políticas y organizaciones sociales, agentes económicos privados y colectivos culturales o profesionales. Esta cuarta edición del anuario se complementa con una página web que permitirá a partir de ahora consultar la evolución a través de los años de las temáticas y de las situaciones analizadas, que van desde el forat de la vergonya al debate sobre la ley de la vivienda, desde la línea de muy alta tensión (Sentmenat-Bescanó-Baixàs) al debate sobre la gestión del aeropuerto de El Prat. El anuario muestra una sociedad viva, implicada en su territorio.

A pesar de su imagen muy institucional, el anuario muestra las reacciones ciudadanas contrarias a muchas iniciativas (y omisiones) públicas y da la palabra a opiniones críticas. Este proyecto es posible por el apoyo que recibe mediante un convenio entre el Institut d'Estudis Catalans, del cual es miembro la SCOT, cuatro consejerías de la Generalitat (Relaciones Institucionales, Política Territorial, Medio Ambiente y Vivienda y Gobernación) y la Diputación de Barcelona. Esperemos que la SCOT consiga mantener la independencia del proyecto y que la multiplicidad de patronos lo facilite; aunque, conociendo la susceptibilidad de los cargos institucionales, no será fácil. Sean del partido u orientación política que sean, muchos responsables de algo en una institución pública consideran inaceptable que con su dinero se critiquen sus proyectos o sus acciones. Suponen que el haber sido elegidos (en una lista) o nombrados por una autoridad les otorga una ciencia infusa y un saber universal, y ven en la crítica la síntesis de una patología social y una conspiración perversa. Olvidan que su dinero procede de los contribuyentes y que éstos tienen derecho a criticar, a proponer y a reclamar ante las instituciones políticas. Y debieran considerar este tipo de iniciativas ciudadanas una importante contribución a la riqueza social del país.

El anuario nos ofrece precisamente una imagen de un territorio rico en iniciativas ciudadanas, pero también fragmentado, casi caótico, débil en cuanto a políticas públicas y disperso en lo que se refiere a la movilización social. Ahora no existe el elemento unificador que fue hace algunas décadas la convergencia de movimientos sociales y políticos en favor de la democracia. Y ni las fuerzas políticas gobernantes u opositoras ni los movimientos sociales (territoriales, sindicales o culturales) han podido construir proyectos globales con vocación hegemónica. En la excelente introducción de Joan Subirats enfatiza la pluralidad de actores que intervienen en los conflictos y critica con toda la razón que los desafíos que nos plantea el territorio no tienen una respuesta única, sea política o técnica: siempre hay varias respuestas posibles y es importante que se expresen y se confronten, y sobre esta base se construya un consenso. Solamente añadiríamos que el consenso no es un término promedio, un centro ideal, sino un resultado de la relación de fuerzas entre valores e intereses diferentes. Y que el consenso ante cada problema y el conflicto que lo acompaña se alcanza más fácilmente si se ha construido un proyecto global unificador y aceptado por la gran mayoría de la ciudadanía.

En este momento de nuestra historia autonómica este proyecto sólo puede construirse si sabemos confrontarnos con el Gobierno del Estado, puesto que el paso previo a debatir políticas para el territorio es tener la capacidad para planificarlas y ejecutarlas, lo que no es el caso ahora. El éxito (relativo) de la manifestación por el derecho a decidir indicaba un camino, el de la iniciativa ciudadana. El fracaso de la operación Estatuto, en cambio, demostró que hoy por hoy los partidos políticos institucionales no están maduros para esta confrontación. Es paradójico que el partido y el líder principales responsables del fracaso estatutario (la traición que fue el pacto del señor Mas con el jefe del Gobierno español, que rompió la unidad de las partidos catalanes) ahora utilicen el lema del derecho a decidir para su campaña electoral. Curiosamente, ha sido el partido con más imagen sucursalista el que se ha enfrentado al Gobierno del PSOE, primero Maragall, principal defensor de un Estatuto ambicioso, y lo ha pagado caro, y luego Montilla no aceptando la consigna del PSOE de sumisión a CiU y de renuncia a la presidencia de la Generalitat.

El desafío hoy lo tiene la sociedad catalana. No se trata ni de independencia para 2014 ni de la autonomía según lo interpreten las Cortes o el Tribunal Constitucional. Se trata de conquistar poder real sobre el territorio, sus infraestructuras, sus equipamientos y sus servicios, ahora y aquí.

Jordi Borja es profesor de la Universitat Oberta de Catalunya