Doce 'sabios' para vigilar la ética de las investigaciones

Son investigadores, filósofos, juristas y hasta un jesuita, pero todos expertos en bioética. El Consejo de Ministros completó ayer la composición de la Comisión que debe velar los trabajos hechos con células y tejidos humanos, embriones, híbridos con genes humanos y los nuevos campos que puedan surgir.

Seis expertos son elegidos por las autonomías y otros seis por el Gobierno

El órgano deberá pronunciarse si hay cambios sobre el aborto o la eutanasia

El nuevo organismo está formado por 8 hombres y 4 mujeres que han sido elegidos en dos fases. Primero, las comunidades autónomas escogieron seis en el último Consejo Interterritorial del 11 de diciembre: María Casado, César Loris, César Nombela, Marcelo Palacios, Carlos Romeo Casabona y Pablo Simón. Ayer, el Consejo de Ministros designó a los otros seis: tres sugeridos por el Ministerio de Sanidad (Carlos Alonso Bedate, Carmen Ayuso y Yolanda Gómez); uno por Industria (Jordi Camí); una por Educación (Victoria Camps) y uno por Justicia (José Antonio Martín Pallín).

Aunque no han trascendido detalles de los debates que han llevado a la elección, en el grupo de 12 -uno más de los previstos en la Ley de Investigación en Biomedicina que se aprobó en septiembre del 2006- hay veteranos del campo de la bioética, como Marcelo Palacios, padre de la ley de reproducción humana asistida de 1988, considerada una de las más avanzadas de su época.

Todas las tendencias ideológicas están presentes. En el lado más conservador figura César Nombela, el más votado por los consejeros de Sanidad. Nombela es ex presidente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y se ha alineado con el PP en el rechazo a la ley de investigación biomédica porque, en su opinión, permite clonar seres humanos, aunque sean sólo embriones que deben destruirse antes de los 14 días. El científico ha manifestado su oposición a esta técnica, sobre todo después de que pueden conseguirse células madre reprogramando otras adultas. En el otro lado se sitúa Pablo Simón, de la Escuela Andaluza de Salud, partidario de ser lo más permisivo posible (incluida la eutanasia), o el ya mencionado Palacios, presidente de la Sociedad Internacional de Bioética y defensor de la transferencia nuclear (el nombre científico de la clonación terapéutica).

Algunos de los miembros del comité ya habían realizado tareas similares en el consejo que asesoraba la aplicación de la ley de reproducción humana (el jesuita e investigador Carlos Alonso, o el jurista y médico Carlos Romeo). Otros (la filósofa Victoria Camps y el magistrado del Tribunal Supremo José Antonio Martín Pallín) mantienen posturas progresistas al respecto.

Queda la incertidumbre sobre lo que puedan opinar cuando se debatan los límites de la ciencia los demás. Yolanda Gómez es miembro del Comité Internacional de Bioética de la Unesco, especializada en impacto de género, y María Casado es directora del Centro de Investigación y Observatorio de Bioética y Derecho de la Universidad de Barcelona. A las dos, propuestas por el Gobierno, se les suponen posiciones avanzadas.

César Loris es experto en sistemas de gestión de calidad de los comités éticos, los encargados de dar en los hospitales el visto bueno a las investigaciones; Jordi Camí, catedrático de Farmacología de la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona, es especialista en drogas de síntesis. Cada uno podrá estar, como máximo, ocho años en el Comité, que empezará a renovarse dentro de dos. Otros temas sobre los que podría tener que opinar el comité a más largo plazo sería una hipotética modificación de la reglamentación del aborto o de la eutanasia.

Más alumnos con beca

Por otro lado, el Consejo de Ministros también aprobó ayer un real decreto por el que las becas generales para el estudio se concederán a partir de ahora según tres tramos de renta, aún por fijar, y no según un único umbral. El primero se pagará íntegramente con los Presupuestos Generales del Estado (PGE). El Gobierno fijará un umbral mínimo, por debajo de cual se tendrá beca pero las comunidades autónomas podrán aumentar el nivel de renta que da derecho a tener beca, jugando con los otros dos tramos, uno de ellos cofinanciado con el Gobierno.

También se aprobó la modificación del CSIC, que se convertirá en una agencia para darle más autonomía y agilidad. El organismo suscribirá un contrato de gestión con el Estado cada cuatro años en el que se fijarán objetivos.