Sevilla elimirá la prostitución en la calle y multará a los clientes

El Ayuntamiento de Sevilla aprobará en el primer pleno de 2008, que se celebrará a finales de enero, la nueva ordenanza antivandálica que, entre otras medidas, perseguirá la prostitución en las calles. El Gobierno local, del PSOE e IU, ha cambiado así de opinión y auspicia ahora este plan que rechazó el pasado mes de marzo tras una propuesta del PP.

La normativa local impondrá al cliente sanciones que pueden llegar a 3.000 euros, al tiempo que los agentes policiales facilitarán información y ayuda a las prostitutas. El alcalde, Alfredo Sánchez Monteseirín, confirmó que se encuentran "en un último periodo de audiencia de todos los colectivos que participaron en esta ordenanza para aprobarla de inmediato".

Las asociaciones vecinales de los barrios más afectados por esta práctica callejera aplaudieron este tratamiento de la prostitución. Los vecinos de uno de los barrios más afectados expresaron su deseo de que la ordenanza se cumpla para acabar con la sensación de inseguridad y los incidentes que se suceden en esta zona. "Nuestras calles se llenan de prostitutas y travestís que provocan mucho jaleo, insultos a estas personas, venta de droga e incluso auténticas batallas campales. En muchas ocasiones, es insoportable", dijo Manuel Gil, portavoz de la asociación de vecinos Huerta del Pilar.

Igual que en Barcelona

La ordenanza sevillana comulga con el espíritu y las medidas que se aplican en Barcelona, ciudad pionera en regular la prostitución callejera. Ambas persiguen al cliente, preservan a los menores de la exposición pública de esta práctica, y ofrecen información y ayuda a las prostitutas.

Con todo, hay diferencias en las sanciones. Si en Barcelona las multas a los clientes oscilan entre 750 y 3.000 euros, las sanciones en Sevilla pueden ser más elevadas: 1.500 por requerir a una prostituta y 3.000 por mantener relaciones sexuales en la calle. Menos dureza se aplicará contra las prostitutas. Los agentes les informarán de que esta práctica está prohibida y les ofrecerán ayudas sociales. En la Ciudad Condal, estas mujeres son igualmente informadas pero, si persisten en su actitud, son multadas por desobediencia. Además, pagan 750 euros si están cerca de un colegio.