El alcalde de Mugardos defiende su "impecable honradez"

Una comisión municipal investigará la trama inmobiliaria

A pocas horas de prestar declaración ante la jueza como imputado por un posible delito de prevaricación, el alcalde nacionalista de Mugardos, Xosé Fernández Barcia, se defendió ayer públicamente de las acusaciones que lo sitúan como responsable político de la trama urbanística con todo un alegato basado en la presunción de inocencia frente "a los juicios sumarísimos" de la oposición. "Este alcalde ha demostrado siempre una trayectoria impecable de honestidad, de honradez y de trabajo", manifestó Barcia. "Si tengo que asumir alguna responsabilidad política lo haré, pero con dignidad".

Durante unos minutos y ante un salón de plenos abarrotado, el regidor mugardés olvidó sus modos suaves y alzó la voz para manifestar enérgicamente que no tolerará "juicios públicos a priori" mientras la Justicia no dirima las responsabilidades del actual equipo de gobierno, del BNG. Barcia, que está citado a declarar mañana en los tribunales ferrolanos que se ocupan de desenmarañar la trama urbanística que destapó la Operación Virgin, aseguró que el ejecutivo local es el "más interesado" en esclarecer los hechos y argumentó que "no serán juzgados por rumores, sino por la Justicia". "No seré yo quien escape a las responsabilidades" afirmó para censurar que los ediles de la oposición se erijan en "jueces y fiscales".

En poco más de hora y media en medio de duras críticas y acusaciones veladas, la corporación mugardesa aprobó en pleno extraordinario personarse como parte en el proceso judicial abierto contra la presunta trama que desviaba obras desde el departamento de Urbanismo a un estudio de arquitectura dentro de una cadena de favores y tráfico de influencias que implican a funcionarios municipales. Además, el consistorio aprobó la creación de una plaza de arquitecto en Mugardos y pedirá al Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia, a la Diputación coruñesa y la Xunta la revisión de todos los informes técnicos emitidos por la aparejadora municipal, Carmen Piñeiro, y la arquitecta Xulia Cortizas. Ambas trabajaron o trabajan para el municipio y están en libertad provisional e imputadas en la trama junto con otras tres personas más.

A petición del PP se acordó crear una comisión de investigación que dirima responsabilidades en el departamento de Urbanismo. Desde la oposición acusaron al regidor de pretender "pasar de puntillas" por los hechos. PP e Independientes exigieron su dimisión, y la única concejal de IU solicitó que la Xunta asuma temporalmente las competencias urbanísticas del municipio.

* Este artículo apareció en la edición impresa del lunes, 17 de diciembre de 2007.

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