El eje de la política social para el siglo XXI

El informe PISA 2006 ha suscitado voces críticas con el sistema educativo español, pero es de justicia destacar aquello en lo que se ha avanzado en los últimos tiempos. Particularmente, el estudio internacional confirma la equidad de nuestro sistema educativo, que ocupa los primeros puestos en el escalafón junto a países como Finlandia, Noruega y Suecia, y arroja resultados muy superiores a los de la media de la OCDE. En un período enormemente transformador del Estado y modernizador de la sociedad y la economía, nuestro país ha sabido construir y armonizar un sistema educativo competitivo y capaz de corregir desigualdades.

Dentro del sistema español, hay un gran número de comunidades autónomas que destacan en el estudio por encima de la media nacional. Galicia ocupa el segundo lugar tras Finlandia, donde las familias tienen la misma garantía de éxito para sus hijos independientemente del centro en el que estudien. A nuestra autonomía le siguen la mayor parte de las comunidades, que se sitúan todas ellas por delante de países como Suecia y Noruega.

En consecuencia, el estudio de la OCDE refleja la diversidad y la pluralidad que caracteriza al sistema educativo español y muestra lo que parecen diferentes ritmos de evolución de las comunidades autónomas sin detrimento de la equidad.

El informe PISA pone de manifiesto cuál es el gran reto del sistema educativo para los próximos años: la excelencia. Sobre la base de la equidad alcanzada y la confluencia de la diversidad educativa, deberemos incidir en los tres factores determinantes que coinciden con los objetivos educativos europeos y con el recientemente publicado informe McKinsey: el incremento de alumnos que cursen ramas científicas, la mejora en la competencia profesional de los docentes, y la apuesta por la educación postobligatoria.

La ciencia es el pilar básico para construir la sociedad del conocimiento. Así lo entiende Europa, que ha fijado la promoción científica entre el alumnado como objetivo prioritario para el 2010. Recientemente, el presidente del CSIC, Carlos Martínez, concretaba que, en el mismo horizonte temporal, España necesita incorporar al sistema unos 50.000 científicos y tecnólogos. Precisamente, es en las primeras etapas educativas donde se forjan los científicos del mañana.

Por otro lado, el estudio de la OCDE apuesta por mejorar la competencia profesional del docente desde el mismo momento en que se plantea dedicarse a la enseñanza. Países con resultados satisfactorios tienen modelos selectivos que dan lugar a un profesor vocacional y comprometido con la educación desde todos los ángulos. En España, la adaptación al EEES nos ofrece la oportunidad de incidir en este aspecto, ya que implica una nueva estructuración de los estudios precisos para ejercer la función docente.

Pero el gran reto de la educación en el momento actual es la apuesta por la etapa postobligatoria, ligada al objetivo europeo de incrementar hasta el 85% en 2010 el número de ciudadanos de 22 años que hayan concluido la enseñanza secundaria superior.

Dos fortalezas del sistema educativo español son la escolarización entre 3 y 6 años, próxima al 100%, y la etapa de 18 a 24 años con estudios universitarios, en la que alcanzamos un 40%, índice también superior al europeo. Debemos, pues, concentrar esfuerzos fundamentalmente en la promoción y éxito de la formación profesional y el bachillerato. Para ello será necesario un compromiso firme para establecer políticas compartidas entre las comunidades y el Estado.

El fin último es seguir avanzando en el afianzamiento de una educación equitativa, vanguardista y de calidad. Debemos aprovechar las sinergias autonómicas para, desde la diversidad y la cooperación, contribuir a dotar el sistema educativo de mayores cotas de excelencia. "No existe una mejor prueba del progreso de una civilización que la del progreso de la cooperación", defendía John Stuart Mill, filósofo y economista inglés. Hoy más que nunca, la suma de las partes debe dar como resultado el total y no sólo para avanzar en informes internacionales y conseguir los objetivos europeos, sino para poner la educación en el eje de la política social del siglo XXI. Ese es el verdadero desafío de la democracia.

Laura Sánchez Piñón es conselleira de Educación y Ordenación Universitaria