Frente a la ofensiva antiabortista

Ya nada me asombra después de ver, horrorizada, cómo ha degenerado la política en estos últimos años, en la que "todo vale" con tal de intentar hundir al contrario. Aunque en los últimos años me he apartado de los cargos públicos y de las instituciones -después de 40 años de militancia hoy no milito en ningún partido político, pero sigo conservando cada vez de forma más clara mis ideas de izquierda-, he decidido hacer pública mi voz contra lo que siempre ha sido una constante: que los grupos supuestamente "antiabortistas" se conviertan en los controladores del ejercicio de unos derechos reconocidos a las mujeres dentro de los supuestos legales; ya en su día critiqué la Ley que dejó el ejercicio de un derecho dentro del Código Penal, pero que, en cualquier caso, reconoció el derecho a interrumpir un embarazo en los supuestos establecidos en dicho Código, y siempre que se hicieran en clínicas legalmente habilitadas para ello por las respectivas Comunidades Autónomas, que a su vez son las responsables de su vigilancia.

Los denunciantes cuentan una serie de horrores sin aportar pruebas ni nada que se le parezca

Y ahora, por si también cuela y pueden rascar algún voto, desde la política se prestan a este montaje

Todo esto ha funcionado con normalidad y sin graves problemas con la Administración que, renunciando ella misma a su obligación de prestar estos servicios, los ha venido concertando con esas clínicas privadas, autorizadas por ella misma, con lo que evitaba tomar medidas contra los médicos que ya por pura fórmula se declaraban objetores. Cosa bien simple si se trataba de abortos: quizás no fuera tan fácil si se objetara por otras causas, como no hacer transfusiones de sangre por ser Testigo de Jehová, etcétera.

Todo ha funcionado así desde el año 1985, en el que el Tribunal Constitucional aprobó la Ley sometiéndola a determinadas reformas, con lo que todos quedaron contentos, al haber ganado Alianza Popular el recurso que interpuso entonces ante dicho Tribunal; las mujeres quedaron en manos de quien quisiera revisar los criterios médicos que aconsejaban un aborto. Así ha venido pasando con novios que denunciaban a sus novias, a las que ellos mismos habían llevado a abortar; maridos que alegaban el aborto como un hecho negativo de la esposa cuando trataban de divorciarse, etcétera. Casi todas estas denuncias han sido rechazadas por los Tribunales, aunque el daño que se le producía a muchas mujeres ya estaba conseguido.

Nunca había causado problemas la Ley, excepto a las mujeres, por el riesgo que corrían por la justificación dada para abortar. Ni siquiera en los ocho años de su Gobierno el Partido Popular hizo nada para reformarla e incluso respaldó a las clínicas autorizadas que, por cierto, les estaban resolviendo un problema que ellos no sabían resolver en la Sanidad Pública.

Pero lo más llamativo del caso eran las actuaciones de grupos supuestamente católicos, supuestamente antiabortistas y supuestamente por la vida, que para nada respetaban la Ley, mucho menos a las mujeres. A esos grupos les debía preocupar la vida del no nacido, porque la de los ya creciditos no les importaba lo más mínimo, y se dedicaban y dedican a pegar, insultar, amenazar y causar lesiones al personal que trabaja en esas clínicas que realizan abortos y a las mujeres que acuden a las mismas. Son numerosas las denuncias existentes contra ellos, y las condenas dictadas en su contra.

A través de una grabación con cámara oculta de unos periodistas daneses, realizada hace más de tres años, investigada por la Generalitat de Cataluña, que no encontró ninguna conducta delictiva en el actuar de las clínicas, ahora, de repente, y después de un año de esta revisión, de nuevo un grupo cristiano antiabortista presenta una querella criminal en la que cuenta una serie de horrores que dicen haber comprobado ellos mismos buscando dos años en las bolsas de basura, encontrando trituradoras, etcétera. Lo cuentan sin pruebas ni nada parecido y los ciudadanos, ayudados por muchos medios de comunicación, se quedan estupefactos ante tanto horror; más bien ante tan inventado horror. Pero esto no es nuevo. Se puede recordar incluso lo ocurrido en Pamplona, donde la denuncia de una asociación familiar tuvo pintada toda la ciudad con los nombres de los médicos que hicieron el "único aborto realizado en la Seguridad Social"; estos médicos después fueron absueltos, pero nadie obligó a la vigilante asociación familiar a que limpiara la ciudad de sus insultos, ni que indemnizara a esos profesionales por los graves daños producidos.

Así podría contar los numerosos sumarios iniciados contra muchas clínicas, que eran consecuencia de denuncias falsas de estos grupos, que se archivaban pero que ya habían dejado al albur de quien llevaba la investigación el reclamar las fichas de las mujeres que habían pasado por allí. Otra vez las mujeres indefensas.

En este último episodio, la sociedad parece callada. Ahora nos quedamos callados ante las mentiras, ante la vuelta a la acción de estos mismos grupos a los que se les permite hablar de terror; de restos humanos; de trituradoras, cuando la Administración sabe perfectamente el protocolo que deben seguir las clínicas, todas las clínicas, autorizadas por ella. Siento vergüenza porque lejos de ser la Administración la que responda ante un cúmulo de irregularidades, que ella debe evitar, siga el paso a los que para nada respetan ni los derechos reconocidos a las mujeres, ni el derecho de éstas a su intimidad.

Y también parece que ignoran la propia Ley aprobada y aceptada por todos cuando hablan de grandes plazos que, al parecer, no son compatibles con la Ley vigente, y con la que, repito, nunca estuve de acuerdo. Esa Ley estuvo más de dos años en el Tribunal Constitucional sin poder siquiera aplicarse, porque la entonces Alianza Popular (hoy Partido Popular) interpuso un recurso previo de inconstitucionalidad que la paralizó; entre las modificaciones que obligó a realizar el Tribunal se incluía como causa de realización de un aborto legal, y sin sometimiento a plazo alguno: "Cuando exista un grave riesgo para la salud física o psíquica de la mujer y así lo acredite un médico especialista". Subrayo lo de psíquica, porque en la primitiva Ley propuesta por el malvado PSOE, se dejó de proteger la salud psíquica de las mujeres y fue el Constitucional el que ordenó incluir en la Ley dicha protección.

Nadie se pregunta si se han realizado abortos en avanzado estado de gestación cuando existe un grave peligro para la vida o la salud de la madre, y quizás sólo se asustan de las mentiras formuladas sin aportar pruebas. Cualquier autoridad responsable en la materia sabe que la mayoría de las interrupciones se hacen dentro de las primeras semanas de embarazo, y sólo excepcionalmente, y ante gravísimos casos de peligro para la mujer, se utilizan plazos más prolongados, como permite la Ley.

Durante cuatro años han intentado que nos creyéramos las patrañas urdidas desde la política, con la inestimable ayuda de los medios de comunicación implicados en estos montajes. Y ahora, por si también cuela y pueden rascar algún voto equivocado, se prestan a este otro montaje del horror, como si las mujeres nos dedicáramos a embarazarnos durante meses, y esperar al día antes del parto para abortar.

Qué extraño es que esto ocurra ahora. Que se hagan inspecciones y se exijan requisitos que ya tiene de antemano la Administración en su poder al acreditar a cualquiera de las clínicas. Y qué raro es que en esta ocasión sólo se vayan a algunas clínicas y, sobre todo, que en cierto modo se avalen los métodos ilegales usados por esos grupos, que además de propagar sus mentiras se dedican a amenazar de muerte a trabajadoras de esas clínicas, a causarles lesiones y a intimidar a las mujeres que intentan ejercer un derecho reconocido en la Ley. Como siempre, los grupos que intentan controlar una sociedad libre para convertirla a una ideología que no cuenta en absoluto con el respaldo democrático de la misma, sospechosamente reciben ayudas importantes de algunas administraciones. Yo, en nombre de las personas perseguidas por estos grupos, ¡no me callo!

es abogada.

Cristina Almeida Castro