La ley incluirá inspecciones en edificios para descubrir pisos vacíos

Parámetros concretos para delimitar las "áreas de demanda residencial fuerte y acreditada" -como el número de solicitantes de pisos sociales, su disponibilidad o los precios de los alquileres- e inspecciones en edificios para descubrir pisos vacíos. Son los dos principales argumentos que contienen las enmiendas presentadas ayer por los partidos que integran el Gobierno catalán (PSC, ERC e ICV-EUiA) al artículo de la Ley de Vivienda que prevé el alquiler forzoso de pisos vacíos y que el Consejo Consultivo considera inconstitucional. CiU y el PP volvieron a exigir ayer la retirada completa de la figura del alquiler forzoso.

CiU y el PP reiteran su exigencia de que el Gobierno retire el alquiler forzoso

Está previsto que la ley se vote durante el pleno de la próxima semana

La presentación de enmiendas es el último capítulo antes del desenlace del culebrón del proyecto de Ley para el Derecho a la Vivienda, que comenzó hace más de dos años. Está previsto que la ley se discuta y se vote durante el pleno escoba que el Parlamento celebrará el miércoles y jueves próximos.

La ponente relatora de la ley, Dolors Clavell (ICV-EUiA), defendió ayer las enmiendas argumentando que "concretan los aspectos que cuestiona el Consejo Consultivo". El informe judicial de este organismo concluye que el alquiler forzoso de viviendas vacías que prevé la ley -que técnicamente se expresa como "expropiación del usufructo"- es inconstitucional porque vulnera el principio de igualdad que fija la Constitución. La última redacción de la ley -que llegó a ser aprobada en comisión parlamentaria- afirma que podría producirse el alquiler de viviendas vacías en "ámbitos de demanda residencial fuerte y acreditada", sin especificar cómo se delimitan estas zonas. Ahí es donde el Consultivo ve inconstitucionalidad, por su discrecionalidad. En última instancia, afirma, serían los ayuntamientos los que fijarían estas zonas vulnerando el principio de igualdad entre los propietarios.

Las enmiendas presentadas ayer por el PSC, ERC e ICV-EUiA han sido estudiadas al detalle por los servicios jurídicos de la Generalitat y precisan que el que delimitará las áreas de demanda residencial fuerte y acreditada será el Plan Sectorial de Vivienda, un reglamento que debe estar listo antes de un año una vez aprobada la ley. Para fijarlas, el plan "tendrá en cuenta los criterios siguientes: la proporción de personas inscritas en el Registro de Solicitantes de Viviendas con Protección Oficial, el número de viviendas disponibles y el suelo urbanizable disponible, la densidad demográfica de la zona, la necesidad de vivienda derivada de su situación geográfica o económica y los precios de alquiler de la zona". Además, introduce, tal como sugería el dictamen del Consultivo, la realización de inspecciones para descubrir la existencia de pisos vacíos. "En estas áreas habrá que establecer programas de inspección de los edificios residenciales para detectar las situaciones de vivienda desocupada y establecer censos de posibles propiedades afectadas por la medida del artículo 42 [el que prevé el alquiler forzoso]", añade el texto de la enmienda.

La respuesta de la oposición a las enmiendas del Gobierno fue la de mantener la exigencia de retirar el alquiler forzoso de la ley. Oriol Pujol, portavoz del grupo parlamentario de CiU, denunció "la falta de negociación de los artículos de la Ley de Vivienda por parte del tripartito" y recordó que si no se retira el polémico punto su partido no se sumará al Pacto Nacional por la Vivienda. Pujol afirmó que mantener el alquiler forzoso "supone una medida ideológica que atenta contra los derechos constitucionales y no resuelve el problema de la vivienda".

Por parte del PP, su portavoz parlamentaria, Carina Mejías, también reclamó la "supresión del alquiler forzoso" y anunció que su partido "no descarta llevar la Ley al Tribunal Constitucional".