Un sistema manirroto

La financiación de la sanidad pública es un tema político recurrente de fácil uso oportunista como apremiante necesidad incumplida. En la práctica, sin embargo, nuestro Sistema Nacional de Salud ha vivido y vive como los ricos manirrotos: el dinero (del presupuesto o de la deuda que los servicios de salud autonómicos contraen ocultamente, a sabiendas que pronto o tarde la endosan al Estado) sigue al gasto en lugar de seguir el gasto al dinero de que se dispone.

Las comunidades entienden que este endeudamiento es la inevitable secuela de una, dicen, insuficiencia financiera que padece el sistema. Juzgan que España destina a la sanidad pública relativamente poco dinero, menos del que correspondería a su posición en el mundo industrializado. Acrecentar el flujo financiero del sistema resultaría, pues, un deber del Estado.

¿Necesita el Sistema Nacional de Salud, o sea, los servicios sanitarios autonómicos, más dinero? Sin duda. La demanda médica es indefinidamente expansible y está muy avivada por la incesante progresión de la tecnología, las expectativas de los ciudadanos y otros factores. En sanidad, nunca bastante es bastante, y los limitados recursos financieros del Estado no pueden seguir la acelerada demanda médica. Esa insuficiencia financiera no se debe a que las cantidades presupuestadas para sanidad sean inferiores a las obligaciones previstas, sino a que el sistema, encerrado por los políticos en la irrealidad, está comprometido en derecho a proveer asistencia sin fin: dar todo o casi todo a todos en toda ocasión a precio cero en el momento del servicio, como si los textos legales, la solidaridad social o los fines humanitarios de la medicina hubieran mágicamente liberado a la sanidad pública de la escasez natural. Presidido por esta ficción ¿cómo evitar que el sistema sufra insuficiencia financiera? Cualquier nuevo método será una tregua, no la solución.

El sostenimiento del sistema requiere antes que nada encajarlo en la realidad. El problema financiero del sistema es el propio sistema tal como está, en una situación artificial que permite a los políticos justificar con la falta de dinero los fallos asistenciales y de funcionamiento, y retrasar la adopción de medidas de afianzamiento y modernización, ya imprescindibles. Entre ellas habría que incluir una forma de financiación que sea sentida por el bolsillo de los contribuyentes (quizá una tasa o un impuesto finalistas) de modo que la sociedad pueda percibir y medir el esfuerzo específico que le exige la continua expansión del gasto sanitario e indicar con su voto el punto en que lo considera insoportable.

Enrique Costas Lombardía es economista. Fue vicepresidente de la comisión Abril que en 1991 examinó la situación del sistema sanitario español.