Reportaje:

Las otras víctimas del 'Cason'

A 20 años de la tragedia, el comité despedido de Alúmina busca una reparación moral

Familias rotas, trastornos mentales, dificultades económicas y enemistades personales son consecuencias que aún perviven, 20 años después, entre los miembros del comité de empresa de Alúmina-Aluminio (hoy Alcoa), los principales damnificados en tierra de la tragedia del carguero Cason, que en el mar se cobró 28 vidas. Una sentencia, por aquel entonces sin precedentes, calificó de "procedente" el despido de los 23 integrantes al considerarlos responsables de la paralización productiva de la factoría. Ahora reclaman, al menos, una reparación moral ante lo que consideran una sentencia "política".

"Casal, venga para la fábrica que están los bidones aquí". Con esta frase despertó, a las 8 de la mañana del sábado 12 de diciembre de 1987, el director de Alúmina-Aluminio, José Luis Muñita, a Antón Casal, que era portavoz de la Intersindical Nacional dos Traballadores Galegos (INTG) en el comité de esta factoría de Inespal ubicada en la localidad lucense de San Cibrao. Lo que acababan de llegar eran los bidones del Cason, un mercante que el 5 de diciembre había varado a la altura del cabo Fisterra con 1.100 toneladas de productos químicos. Casal salió "rápidamente" hacia la factoría, sin imaginar que sería su última actuación como representante sindical.

"Empecé en el aluminio a los 19 y estaría encantado de volver a la fábrica"
Los médicos achacaron al despido el trastorno bipolar del hijo de Pérez Vila

La alarma que había generado el Cason se trasladó a la factoría, en la que los trabajadores paralizaron la producción ya que se negaban a acoger los bidones por temor a su contenido supuestamente tóxico. La dirección reaccionó con el despido de 104 trabajadores y el comité de empresa. El despido de los trabajadores fue declarado "radicalmente nulo", pero los integrantes del comité se fueron a la calle cuando el 30 de enero de 1989 el Tribunal Supremo ratificó la procedencia del despido.

A partir de este momento empezó todo un calvario para los despedidos, que se fueron "con una mano delante y otra detrás", como recuerda Casal, para "pagar el pato" por "un cúmulo de despropósitos". Ser un despedido del comité de Alúmina era tanto como ser un "apestado", por lo que encontrar trabajo se convirtió casi en un imposible. La mayoría optó por convertirse en autónomos montando bares o talleres; Casal continúa como sindicalista en la CIG; el que era presidente, Ángel Pérez, está embarcado y otros se fueron recolocando "como buenamente pudieron" fuera de San Cibrao, de Galicia y hasta de España.

Hoy ya sólo son 22, tras la muerte de uno, los que van "tirando", explica Ángel Hernández, que ahora regenta un mesón en Burela, la misma iniciativa que puso en marcha otro de los despedidos, también en Burela, y un tercero en San Cibrao.

La sentencia dejó además cuatro familias rotas y, a José Andrés Pérez Vila, un hijo con trastorno bipolar que los médicos atribuyen a las circunstancias personales que se vivieron en casa tras el despido. "Tiene que tomar tratamiento de por vida. Ahora trabaja, pero lo hace con largos intervalos de bajas", se lamenta el padre, que tramita una entrevista con el ministro de Trabajo para ver "si por lo menos nos resarcen económicamente ante una jubilación para la mayoría inmediata". Pérez Vila espera reunirse pronto con Jesús Caldera en nombre de la mitad de los que integraron el comité.

A Hernández le gustaría volver a Alúmina. "Empecé en el aluminio con 19 años y me fui con 34, y estaría encantado de volver y estar 8 horas diarias desempeñando un trabajo que creo que hacía muy dignamente". Casal se conforma con que un día "resplandezca la verdad y que todos los actores se pongan encima de la mesa". Asume que el comité pudo haber cometido "errores de estrategia", pero tiene claro que "nunca" fue responsable de la paralización de la factoría, una cuestión que atribuye a la propia dirección de la empresa, con la que el comité consensuó un plan de evacuación.

El paso del tiempo no sirvió para cerrar los interrogantes de por qué los bidones se trasladaron por el interior de la provincia de Lugo o cuál era realmente su contenido. Pero Casal aún tiene una duda más: "El artículo 19.5 del Estatuto de los Trabajadores decía que el comité tenía capacidad para evacuar la empresa si la autoridad laboral competente lo ratificaba. La autoridad competente era el delegado de Trabajo y a él le solicitamos la ratificación. Hoy vuelve a estar en el mismo puesto y 20 años después aún no anuló o ratificó nada".

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