CiU reclama que los directores de escuela tengan la condición de autoridad pública

Convergència i Unió (CiU) considera devaluada la autoridad de los directores y profesores de enseñanza. Para remediarlo, los nacionalistas plantearán una reforma del Código Penal para que los máximos responsables de las escuelas tengan la condición de autoridad pública. En la práctica equivaldría a que si un alumno o alguno de sus progenitores agrede a un director, la pena impuesta por un juez se vería agravada por esta consideración.

Hace un año, el fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, José María Mena, emitió una instrucción a los fiscales en el mismo sentido, es decir, que éstos reclamaran en un juicio la condición de autoridad pública para profesores y médicos.

Estas propuestas figuran en un paquete de medidas que ayer presentó el líder de CiU, Artur Mas, con vistas a la negociación de la nueva Ley de Educación que impulsa el tripartito catalán. La base de estas iniciativas radica en la "transformación" del modelo educativo catalán, que pasaría a regirse bajo los principios de "disciplina, corresponsabilidad, cultura del respeto, autoridad y convivencia" a fin de garantizar, señaló Mas, "un buen clima escolar".

Los convergentes plantean mano dura con los comportamientos incívicos en la escuela, por ejemplo, mediante la obligación de realizar trabajos comunitarios o incluso la reducción del periodo vacacional de los alumnos. Así, Mas avisó de que uno de los puntos que deberá incluir de forma incondicional la Ley de Educación será garantizar al profesorado una mayor capacidad para imponerse: "Dentro de las aulas, la autoridad sobre los alumnos es de los profesores, no de los padres".

El líder de CiU emplazó al Gobierno catalán a aprovechar al máximo las nuevas competencias educativas que permite el nuevo Estatuto y legislar "con mentalidad de Estado y no ser esclavos de la legislación española", que, en su opinión, sólo debería "dictar normas básicas".

Otras propuestas son un plan de choque para la construcción de centros educativos y la gratuidad total de la enseñanza, tanto pública como concertada, hasta los 18 años de edad.