¿Hablamos de política educativa o de gestion de centros?

Tiene razón el consejero Ernest Maragall al afirmar que la coincidencia de la presentación del documento Bases per a la Llei d'Educació de Catalunya, el informe de la Fundació Jaume Bofill y una nueva edición del informe Pisa, ha conseguido que se hable más que nunca de educación. Todo ello es una "ventana de oportunidad" para abordar cambios a fondo en la política educativa catalana. Pero lo expuesto hasta ahora por el departamento se focaliza esencialmente en aspectos organizativos y de gestión y se refiere estrictamente al ámbito escolar. Parece lógico pensar que la ley amplie el zoom, pero lo cierto es que, al menos en esta fase de tanteo, las propuestas se centran básicamente en la organización de la red escolar pública y de sus centros. No hay duda de que el asunto es relevante, pero ¿es este el aspecto más importante del maltrecho escenario educativo catalán? ¿Merece esa atención prioritaria? Permítasenos avanzar otras propuestas para contribuir al debate.

El rendimiento escolar no difiere apreciablemente en los centros públicos o privados

- 1. Una nueva conceptualización del derecho a la educación. Todos los estudios coinciden en señalar que, abstracción hecha del origen sociocultural de los alumnos, los rendimientos escolares no difieren apreciablemente en los centros públicos o privados. Las diferencias en los rendimientos parecen nacer y crecer extramuros de la escuela. Una nueva ley nos quedaría muy corta si agotara sus objetivos en el sistema educativo reglado, y acabaría siendo una simple ley escolar. Perderíamos la gran oportunidad de extender el derecho a la educación hacia ámbitos no estrictamente curriculares y hacia otras fases vitales, espacios en los que algunos alumnos cargan sus mochilas con disfunciones, vulnerabilidades y carencias que les acaban situando en clara situación de desventaja. Es precisamente ahí donde el techo competencial de la ley es más alto, está menos restringido por las normas básicas, y donde las políticas compensatorias o la educación de adultos (en las que debieran jugar un papel esencial los agentes del territorio y los gobiernos locales) cobran todo su sentido.

- 2. Dualización del sistema en función de la composición de su alumnado. No es preciso insistir en que es sobre todo la escuela pública la que asume la escolarización del alumnado de entornos menos favorecidos o de los recién llegados. Hablar de una mejor y más justa organización del sistema debería llevarnos a reajustar la distribución del alumnado entre centros, entendiendo que un sistema dual como el que se está conformando pone en cuestión la LODE y una de las columnas centrales del Pacto Nacional para la Educación. Sabemos que las soluciones no son fáciles al existir factores estructurales, como la composición de la población de los territorios, que dificultan los buenos deseos. Pero existen también otras circunstancias que agravan los desequilibrios. En los procesos de matriculación (que la LOE permite mejorar sustancialmente), vemos a una Administración educativa poco propicia a alterar el actual estado de cosas, o con pocos arrestos para perseverar en las ayudas a los centros que están realizando esfuerzos muy notables en la escolarización. Muchos han alertado del peligro de cronificación de este sistema dual y la nueva Ley de Educación de Cataluña, como marco de la nueva política educativa digna de un Govern de Progrés, no debiera desoír estas alertas.

- 3. Papel de las distintas administraciones públicas en el nuevo escenario. Lo que tenemos, en síntesis, es un sistema educativo muy centralizado -antes en el Ministerio y ahora en el Departamento de Educación-, y unos gobiernos locales con un papel desdibujado, que no acaban de saber si son o no Administración educativa en su relación con los centros. Conviene un Departamento de Educación fuerte y eficaz, que no abdique de sus responsabilidades y competencias, que sepa dar prioridad a políticas y estímulos, que asegure a la ciudadanía que el sistema funciona en toda su globalidad, que salvaguarde el ejercicio de los derechos individuales y colectivos, que garantice que las leyes se cumplen, que rehúya la tentación de situarse en el mero terreno de una Administración de "nueva gestión pública", que sigue gobernando centralizadamente, pero que ahora usa el benchmarking para comparar escuelas entre sí y trasladar responsabilidades. Es evidente que no podemos aplicar el mismo rasero a gobiernos locales muy distintos entre sí, pero la ley debe dejar espacios abiertos para su mayor presencia en el núcleo de la política educativa. Sin gobierno educativo desde la proximidad todo será mucho más complicado.

- 4. Autonomía de los centros. Tema estrella de la reforma en el que se depositan todas las esperanzas. A pesar de que no se habla de los centros concertados (¿quizá porque se supone que gozan de autonomía?), la idea de fondo del documento es que una dirección más potente y profesionalizada, que escoja a su personal docente y que sea consciente de que se medirá su rendimiento, puede ser la clave para transformar el sistema. En este asunto, las suspicacias abundan, y aunque nadie sabe muy bien qué es la gestión indirecta, lo cierto es que no tenemos datos para pronunciarnos en uno u otro sentido. Pero no olvidemos que el objetivo prioritario es conseguir de cada alumno y alumna su máximo progreso intelectual, emotivo, moral y social, lo cual exige un clima propicio para la formación y el estudio. A ello seguramente contribuirían el fortalecimiento de los derechos y referentes colectivos, la adaptación de los perfiles del profesorado a los proyectos educativos del centro y a las características de cada grupo de alumnos, una mayor sustantivación de las tutorías, unos equipos directivos más sólidos y con más capacidad para el liderazgo y la organización, y una mejor conexión de los centros entre sí y con el entorno social, aprovechando las potencialidades que ofrece el territorio (como nos muestran muchas experiencias locales, o los buenos resultados de La Rioja, que no es más que uno de los potenciales territorios educativos de Cataluña, eso sí, con poder y capacidad de decisión).

- 5. Recursos. Es cierto que el aumento de recursos no es la panacea, pero no debiera perderse de vista que nuestro sistema educativo sigue caracterizándose por su baja participación en el total del gasto público y que las políticas educativas se materializan también, fundamentalmente, en las cuantías y prioridades de las leyes de presupuestos.

Ramón Plandiura es abogado y profesor de la UPF y Joan Subirats es catedrático de Ciencia Política de la UAB