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El Consell agiliza la vivienda social para paliar la crisis

García Antón pide suelo público a los alcaldes alicantinos

Nuevo intento del Consell, tras varios fracasos, para potenciar la Vivienda de Protección Oficial. La crisis en el sector de la construcción por la caída de la demanda de viviendas de renta libre ha obligado a los promotores a buscar nuevas fórmulas para mantener vivo el negocio. Una petición para nada baladí en unas comarcas en las que durante los últimos años buena parte del crecimiento económico se ha basado en el ladrillo.

El PSPV denuncia que el plan de la Generalitat carece de presupuesto

Por todo ello, el consejero de Medio Ambiente, Urbanismo y Vivienda, José Ramón García Antón, reunió ayer a más de un centenar de alcaldes, tanto del PP como del PSPV, en el Teatro Arniches de Alicante para pedirles dos cosas fundamentales: informe sobre las bolsas de suelo disponible en cada municipio para construir viviendas de protección oficial, incluso suelo municipal que se podría destinar a este fin, y además datos aproximados sobre la demanda de viviendas de protección oficial.

El consejero intervino ante el auditorio durante casi una hora, sin admitir preguntas, y sin la presencia de los periodistas. Al término del acto, García Antón anunció la aprobación de un decreto para fomentar la VPO. "Hoy el mercado de la vivienda es totalmente distinto del de hace seis meses", admitió sin tapujos, "y la vivienda libre tiene menos salida", reconoció. Una situación que preocupa e inquieta a los empresarios, que "buscan suelo para poder crear empleo", añadió el consejero del PP, que se comprometió en enero a presentar un Plan Estratégico Valenciano de la Vivienda.

Los ediles socialistas alabaron que "por fin el Consell admita que hacen falta VPO, pero ha sido una declaración de buenas intenciones, sin presupuesto ni datos concretos, un brindis al sol", resumió uno de los asistentes. Antonio Amorós, diputado provincial del PSPV, dijo que las propuestas de García Antón "buscan solo ganar dinero" y recordó que en Plan 2005-2008 dejó a 12.000 afectados "porque no se cumplieron los objetivos establecidos". La alcaldesa de Guardamar, Marylene Albentosa, instó a la Generalitat a "que se ponga las pilas y el IVVSA firme convenios con los Ayuntamientos".

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