La etnicidad como estrategia
Sin duda, tiene razón Pedro Larrea, mi amable contradictor, cuando señala en estas páginas (04-12-07) que no tomé en cuenta en mi anterior artículo la menor inversión que el Estado efectúa en el País Vasco. Lo que sucede es que el dato es prácticamente irrelevante a los efectos de nuestro debate, y para comprobarlo bastan unas pocas cifras: si partimos de que la inversión real de todo el sector público estatal en la comunidad autónoma es, según datos del Presupuesto para 2007 de 477 millones (un 2,2% del total), y suponemos que debiera ser en equidad del 4,8% (porcentaje de población de Euskadi), la menor inversión es de 544 millones, lo que equivale al 0,9% del PIB vasco. Es decir, que recibimos un 3,4% de financiación de más y un 0,9% de inversión de menos. Sigue quedando una substanciosa transferencia neta a favor del País Vasco del 2,5% de su PIB, que era lo que se trataba de demostrar.
La democracia ha amparado una estrategia de cierre privilegiado de la sociedad vasca
En realidad, más interesante que el debate en sí mismo resulta lo que pone de relieve; es decir, la postura de la inmensa mayoría de la sociedad vasca de negarse empecinadamente a reconocer lo que es patente para todos los científicos sociales: la situación de privilegio económico de que disfruta esa sociedad respecto al resto de España. Una negativa que, en mi opinión, responde a la interiorización de la estrategia colectiva secular que ha guiado a la etnicidad vasca desde el Antiguo Régimen. Pues la etnicidad no es sólo un factor de movilización de identidades y conformación de fronteras políticas, sino que también orienta comportamientos interesados en la competencia por el acceso y control de recursos de todo tipo. Max Weber señaló tempranamente que las colectividades pueden desarrollar procesos de cierre social como estrategia para maximizar el número de recompensas económicas y políticas de sus componentes. Y que los resultados de estas estrategias pueden llegar a ser tan interiorizados por los individuos beneficiados que éstos acaben por percibirlos como naturales y objetivos.
La oligarquía vasca desarrolló desde el siglo XVI su particular proceso de cierre como estrategia para maximizar sus beneficios dentro del ámbito de la monarquía católica. Así deben interpretarse hechos como la hidalguía universal, la exención fiscal/militar y la garantía de consumos baratos gracias a la inexistencia de aduanas en la costa (zona franca). Todo ello aseguró al común de habitantes unos beneficios colectivos que permitieron a aquella oligarquía gobernar con tranquilidad y a su antojo el sistema político foral, desviando la distribución de cargas en su provecho (Rubio Pobes).
La crisis del antiguo régimen, que modificó profundamente la estructura social vasca, se saldó sin embargo con una paradójica conservación del esquema fundado en el privilegio. En efecto, el sistema de Conciertos Económicos implantado a partir de 1878, garantizó al conjunto de la población vasca hasta 1937 una presión fiscal escandalosamente más baja que la española común, lo que fue utilizado por la nueva oligarquía burguesa industrial como pantalla para implantar desde las Diputaciones el sistema fiscal más injusto y regresivo de toda España (que ya es decir), con lo que consiguió financiar el despegue industrial con cargo al erario público. Las Provincias Vascongadas fueron "un paraíso fiscal más o menos encubierto" (Alonso Olea) y, sin embargo, la sociedad vasca apoyó unánimemente (socialistas incluidos) el sistema concertado.
Pues bien, la vuelta de la democracia y del autogobierno a partir de 1978 también ha amparado una estrategia de cierre privilegiado de la sociedad vasca, por paradójico que ello pueda parecer. De un lado, el funcionamiento real del Concierto Económico garantiza un importante plus de recursos económicos y servicios públicos a la población por relación a la del resto del país. De otro, la explotación de la diglosia hace que un sector cada vez más amplio del mercado de trabajo (todo el público y cada vez más amplias porciones del privado, salvo las más humildes) quede reservado en exclusiva a los nativos, sin que el resto de los españoles pueda pujar por ellos; mientras que los vascos sí pueden competir en igualdad de condiciones por los puestos de trabajo en España. Una asimetría que recuerda el funcionamiento que cumplía la regla de la hidalguía en el pasado: dificultar la inmigración y dotar de estatus a la emigración. Esta estrategia favorece al conjunto de miembros de la sociedad vasca, como era de esperar en un sistema democrático, aunque se señalan al mismo tiempo ciertas y significativas desviaciones internas favorables a los estratos superiores. Así, las rentas de origen empresarial reciben un trato mejor que las derivadas del trabajo, aunque la sociedad apenas si protesta por ello (efecto pantalla).
Tan curioso como el cierre privilegiado mismo es el tipo de inteligente táctica que el País Vasco ha usado desde siempre para mantenerlo, la táctica de explotar su propia pequeñez: somos tan poca cosa que España no ganaría mucho al nivelarnos; y, sin embargo, ello le supondría problemas políticos sin cuento. Más vale dejar las cosas como están.
Estoy seguro de que si preguntásemos por este asunto a cien vascos de la calle, noventa y nueve negarían con pasión la existencia de discriminación colectiva alguna en su favor. Más bien afirmarían, con toda sinceridad, que es el País Vasco el que sostiene a España. Lo que no significa que tengan razón, sino que el privilegio se ha vuelto tan consubstancial a la etnicidad vasca que ha dejado de ser percibido como tal. Y no hay idea más poderosa que aquella que ha dejado de identificarse por los propios actores que la ponen en práctica.
José María Ruiz Soroa es abogado.
