"Mi hijo nunca fue directivo de la empresa de los chirimbolos"

A José Fernández-Villa, en una esquina de la mesa de la Comisión de Vigilancia de la Contratación del Ayuntamiento de Madrid, al fin reunida ayer, le temblaban las manos. José Fernández-Villa, funcionario y ex director de área de mobiliario urbano, tiene un hijo. Un joven licenciado en derecho que trabajó cuatro años en Clear Channel, hasta 2005. Esta multinacional, gracias, entre otras a la firma de su padre, el citado José Fernández-Villa, encadenó dos contratos millonarios con el Consistorio. El último, en 2006, el de los célebres, panorámicos, telescópicos y enormes chirimbolos. Una adjudicación por 10 años y 160 millones de euros.

El ex jefe de mobiliario urbano ya no ocupa su antiguo cargo. Desde la entrada de Ana Botella en la concejalía de Medio Ambiente, hace siete meses, se encarga de dirigir el "equipamiento urbano". El nombre se parece. Pero nada más. No tiene nada que ver con gestión de publicidad y además depende de la concejalía de Obras, que comanda Paz González, su "ex jefa" en Medio Ambiente. "El baile típico tras las elecciones", explicó lacónico. El funcionario aseguró que avisó de la situación laboral de su familiar. Un dato que corroboró Paz González: "Sí". Sin embargo, no se inhibió a la hora participar en la elección de Clear Channel.

"Es cierto que mi hijo trabajó en esa empresa, pero entró, como tantos otros jóvenes de hoy en día, con un contrato en prácticas, se marchó en 2004, y nunca tuvo un puesto directivo", argumentó Fernández-Villa. Sin embargo, fuentes de la compañía le desmienten: sí tenía un cargo directivo. Pero el funcionario contraataca: "Si tenía un alto cargo, ¿por qué salió de allí con un finiquito de 3.000 euros después de cuatro años?".

El PSOE anunció que elevará el contrato al Tribunal de Cuentas. Además, junto a IU, señaló otras "irregularidades". Por ejemplo, que el montante de la operación, más de 160 millones, obliga por ley a que sea el equipo de Gobierno municipal quien dé luz verde.

En el PP, sin embargo, no comparten esa impresión: "Nada de eso tiene sentido. No se trata de un contrato de gastos, sino de beneficios" Y así, dicen, todo cambia.

Otro punto polémico fue el de la duración de la adjudicación, diez años con una posible prórroga de otros cuatro. Un punto por el que el PSOE dice que el contrato "es anulable". Al menos, si se atiende al artículo 86.2 de la Ley del Patrimonio de las Administraciones Públicas, que establece que los concursos para "el aprovechamiento especial de los bienes de dominio público" deberán tomar la forma jurídica de concesión si superan los cuatro años. Desde el Ayuntamiento desmontan el argumento: "Es cierto que no es una concesión, pero es un contrato administrativo especial, que contempla el hecho de que afecta a dos zonas distintas, la pública y la patrimonial de la institución".