Un jurado decidirá si hubo corrupción en el 'caso Terres Cavades'

Los principales actores del escándalo urbanístico Terres Cavades se sentarán en el baquillo de los acusados en un juicio con jurado popular. Así lo establece un auto que ayer comunicó la Audiencia de Tarragona, que advierte indicios de los delitos de tráfico de influencias y de negociación prohibida a funcionario público en lo que tenía que ser el mayor proyecto urbanístico de la historia de la ciudad.

El ex concejal de Urbanismo Ángel Fernández (CiU) dimitió a raíz de hacerse pública su participación en la empresa Promocions Terres Cavades, firma participada también por el principal constructor de la ciudad, José Luis García, y por el holding inmobiliario de Caixa de Catalunya, Procam, que pretendía construir 4.850 viviendas en la zona de Terres Cavades. El ex concejal participó activamente en la tramitación de este plan urbanístico, que fue suspendido por el Departamento de Política Territorial al entender que Fernández debería haberse abstenido en las votaciones al tener intereses económicos en el proyecto que se tramitaba. Fernández poseía el 9,8% de Promocions Terres Cavades a través de la empresa Saferpu, administrada por su hermano Juan Fernández.

Presiones a los vecinos

Vecinos de la zona, a través de una demanda, y la Fiscalía de Tarragona iniciaron a finales de 2004 este proceso judicial, que condujo al archivo del caso en marzo de este año, tras una extensa fase de instrucción en la que los vecinos declararon haber recibido presiones de todo tipo para vender sus terrenos a precios bajos.

Los demandantes decidieron recurrir contra esta decisión y ayer la Audiencia les comunicó que estimaba su recurso, aunque matiza que únicamente observa indicios de delito en cinco de las 11 personas que inicialmente aparecían en su demanda.

La Fiscalía de Tarragona, que abandonó las indagaciones sobre el caso tras su inicial archivo, investigó también al senador convergente Lluís Badía, que adquirió una parcela de 2,8 hectáreas en Terres Cavades por 180.000 euros y la vendió en 2003 por 4,4 millones. El auto de la audiencia no tiene en cuenta este caso porque Badia no es objeto de acusación ninguna por parte de los vecinos.