Casi la mitad de los andaluces pagaría una tasa ecológica

A lo largo del último año, la preservación medioambiental se ha situado como una de las principales preocupaciones de los andaluces, sólo por detrás del paro y por delante de la vivienda o la inmigración. También ha crecido en un 20% la cifra de ciudadanos dispuestos a asumir costes económicos con tal de paliar los daños a la naturaleza, según el sondeo Ecobarómetro, presentado ayer en Almería por la consejera de Medio Ambiente, Fuensanta Coves. Casi la mitad de los andaluces estaría dispuesta a gravar con más impuestos el combustible, mientras que un 40% acataría un incremento en el precio del agua si se lograra así una protección más eficaz del medio ambiente.

Ocho organizaciones firman contra el cambio climático

Este cambio paulatino en la actitud general de la población ha sido más acusado entre menores de 30 años, titulados universitarios y residentes en grandes núcleos de población.

El sondeo también refleja que siete de cada diez andaluces defienden además la opción de multar a los ciudadanos que no reciclen correctamente.

El Ecobarómetro 2007 es una encuesta elaborada por el Instituto de Estudios Sociales de Andalucía para conocer anualmente la evolución de las opiniones sobre los principales aspectos relacionados con el medio ambiente.

Este informe muestra cómo los principales problemas tanto a nivel local como a nivel autonómico no evolucionan. Así, los andaluces continúan sintiéndose víctimas del ruido, el principal problema ambiental en las ciudades de la región, según un 36,9% de los 1.300 encuestados. La suciedad en las calles y la falta de parques y jardines se convierten también en las principales deficiencias.

Los andaluces sitúan un año más los incendios forestales como el principal problema medioambiental para el conjunto de la región, muy por encima de aspectos como la falta de agua, la contaminación de las playas o la pérdida de paisajes y parajes naturales, cuestión que suscita quejas sólo entre un 16,2% de los encuestados. Hace dos años, se mostraba un amplio consenso sobre el excesivo impacto del desarrollo urbanístico en el medio ambiente.

Ocho organizaciones políticas y sociales firmaron ayer un Pacto Andaluz contra el Cambio Climático, que establece el compromiso de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, mediante peticiones como que se apruebe una ley en la próxima legislatura, y que se suscriba un pacto municipal.

Representantes de Coalición Andalucista, Los Verdes, el CUT-BAI, UCA-UCE, Colegas, Ecologistas en Acción, SAT y Ustea suscribieron ayer en Sevilla dicho pacto, en el que se comprometen a establecer "un gran compromiso" -similar a los pactos de Toledo sobre las pensiones- que esté por encima de la lucha partidista.

El pacto, que está abierto a la incorporación de partidos y de organizaciones que lo deseen, recoge un compromiso de que las formaciones políticas incluyan en sus programas electorales la presentación de una iniciativa legislativa que acoja en su contenido actuaciones en materia de energía, transporte, urbanismo y de ordenación del territorio.

Por su parte, los ayuntamientos se comprometen a formalizar una coalición con el fin de establecer sus propios acuerdos para reducir cada uno las emisiones de gases, mientras que los sindicatos y los empresarios establecerán en sus acuerdos y convenios colectivos cláusulas sociales de compromisos de reducción de gases.

Se prevé también un compromiso ciudadano, en sus distintos niveles de asociacionismo, de establecer pautas de consumo en las que se apueste por aquellos productos y prácticas -como el del transporte colectivo- que suponga una reducción de gases.

"Solamente un acuerdo de este tipo, desde lo más pequeño de coger un autobús a aprobar una ley, pueden asumir un problema que es probablemente el mas importante no solo en el plano medioambental, sino también el socioeconómico, sobre todo en una comunidad tan climodependiente como es Andalucía", señaló el portavoz de Los Verdes, Francisco Garrido.

Garrido apuntó que lo único que pretende la firma de este pacto andaluz es que haya "un punto de salida" para establecer los contactos necesarios entre todos, y para ello se ha creado una mesa de desarrollo y seguimiento del mismo, porque el del cambio climático es un asunto "de Estado".