El Gobierno evitará que ANV se presente a las elecciones si no condena a ETA

El Gobierno instará a la Abogacía del Estado a que impida que Acción Nacionalista Vasca (ANV), marca actual de la izquierda abertzale, se presente a las elecciones generales del 9 de marzo si no condena el atentado del sábado en Capbreton (Francia), que ha costado la vida al guardia civil Raúl Centeno y gravísimas heridas a su compañero Fernando Trapero, según aseguraron ayer fuentes socialistas. La marca de la izquierda abertzale, que en las elecciones municipales de mayo pasado logró presencia en 337 municipios vascos y 100 navarros, ya ha expresado su propósito de competir en las próximas elecciones generales. El Gobierno también estudiará la posibilidad de promover la ilegalización de esta formación ante los tribunales, pero lo hará sin precipitarse.

ANV, cuyos estatutos datan de la IIª República y rechazan la violencia como procedimiento de acción política, ha eludido la condena de todos los atentados que ETA ha realizado desde la ruptura de la tregua en junio. Pero el del sábado tuvo la particularidad de su gravedad por acarrear un asesinato, el del guardia civil Raúl Centeno. "Según la Ley de Partidos, un apoyo político reiterado y grave al terrorismo es causa de ilegalización de un partido", señaló ayer el portavoz del PSOE en el Congreso, Diego López Garrido.

En el caso de ANV se podía producir el supuesto de la reiteración, por su no condena sistemática de los atentados de ETA, y el de la gravedad, por el crimen del sábado. El Gobierno estudiará si estos elementos ofrecen la posibilidad de instar a la ilegalización de ANV, "pero sin precipitarse, teniendo en cuenta todas las cautelas porque es una decisión de los tribunales, que requiere totales garantías", añade López Garrido.

El portavoz socialista añade el factor político. "Como dice el comunicado aprobado el sábado por todos los partidos, a ETA sólo se le puede combatir y derrotar con la unidad y el Estado de derecho". Se refería a que, además de aplicar la Ley de Partidos, hay que valorar el que los partidos nacionalistas, sobre todo vascos, rechazan ilegalizar ANV. El consejero de Interior vasco, Javier Balza, del PNV, dijo ayer que "no es momento" de pensar en su ilegalización sino de "unirse contra ETA".

El ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, también exigió ayer no precipitarse para instar a la ilegalización de ANV al señalar: "No podemos ir a los tribunales si no tenemos la certeza de que la propuesta va a ser confirmada por ellos. Debemos llevar razonables evidencias de que efectivamente estamos ante una conexión inequívoca entre Batasuna y ANV".

Pero también dijo que corresponderá "al fiscal y al abogado del Estado decidir sobre la ilegalización y, cuando lo hagan, al Gobierno no le temblará el pulso". Antes había señalado: "Cada vez que se produce una no condena de ANV estamos más cerca de su ilegalización". Arantza Urkaregi, una de las portavoces de ANV en Vizcaya, rechazó ayer condenar el atentado de Capbreton. "Hoy el tema es el tren de alta velocidad", se limitó a contestar, cuando fue preguntada, informa Alberto Uriona.

Por su parte, la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, señaló que la no condena del atentado del sábado es "un indicio más" a partir del cual los jueces deben determinar si ANV está incumpliendo la ley y decidir cuándo y cómo promover su eventual ilegalización, informa Sandro Pozzi desde Nueva York. Tras insistir en que el servicio jurídico del Estado está "vigilante" e investiga a ANV, De la Vega, que intervendrá mañana en una sesión de la ONU sobre Estrategia contra el Terrorismo, calificó de "indecente" la actitud de ANV.

El PP, sin embargo, ya adelantó el mismo sábado, a través de su secretario general, Angel Acebes, en la reunión que los partidos mantuvieron para condenar unánimemente el atentado, su pretensión de que el Gobierno inste inmediatamente la ilegalización de ANV.

El PP pretende imitar en este caso el procedimiento que utilizó en el Gobierno para promover la ilegalización de Batasuna en el verano de 2002. Una vez aprobada la Ley de Partidos, en la primavera de 2002, tras el primer atentado mortal de ETA, que se produjo en agosto en Santa Pola (Alicante), y que costó la vida a un hombre y a una niña, el entonces presidente del Gobierno, José María Aznar, anunció al día siguiente la puesta en marcha del mecanismo previsto en la citada ley y promovió, el mismo agosto, desde el Congreso la ilegalización del brazo político de la banda.