Los apagones sitúan a Fenosa bajo el fuego de las críticas en Nicaragua

Al caer la noche, desde el despacho de José Luis Gómez, en el piso noveno de un edificio de Managua, la panorámica de la ciudad está repleta de manchas negras donde no hay luz. Ni una farola, ni un semáforo, ni una ventana iluminada. Es una visión perfecta de los apagones que diariamente dejan a oscuras amplias zonas de la capital nicaragüense. José Luis Gómez Pascual es el vicepresidente ejecutivo de Unión Fenosa, empresa española que controla la distribución eléctrica en Nicaragua y blanco de las iras de sus habitantes. En los barrios ricos no hay apagones, gracias a los ruidosos generadores.

El presidente de la República no ahorra insultos contra la eléctrica española

Desde junio pasado, la crisis energética en este país centroamericano obliga a Unión Fenosa a racionar el suministro eléctrico a 80 Megavatios. Los cortes de luz duran cinco horas en Managua, y hasta siete en el resto del país. El 35% de Nicaragua no está electrificado.

"En los últimos 10 años no se ha invertido en generación. No se ha construido una sola planta, y la demanda ha crecido un 4% anual", trata de explicar José Luis Gómez. Al aumento del precio del petróleo, del que depende en gran medida la energía nicaragüense, hay que añadir las averías, por falta de mantenimiento, en una planta geotérmica y una planta térmica, que quedaron fuera de servicio durante varios meses. Y el año pasado hubo una sequía tremenda. "Resultado: nos quedamos sin reservas", señala Gómez.

Las organizaciones de consumidores y un sinfín de asociaciones civiles llevan a cabo una intensa campaña contra la empresa española, que han rebautizado como Unión Penosa. El Tribunal Permanente de los Pueblos, sucesor de los tribunales Rusell que juzgaron crímenes de lesa humanidad, realizó en octubre pasado en Managua una sesión simbólica de tres días en el auditorio de la Universidad, por la que desfilaron unos 600 testigos contra Unión Fenosa.

La labor pedagógica de la empresa para tratar de explicar las causas técnicas de los apagones ha tenido escaso éxito. Muchos nicaragüenses no distinguen entre generación, transmisión y distribución eléctrica. Saben, eso sí, que la factura de la luz la cobraba antes la Empresa Nicaragüense de Electricidad (Enel) y hoy lleva el membrete de Unión Fenosa. Saben también que el Megavatio/hora cuesta 111,7 dólares (75,32 euros), la tarifa más cara de América Latina, salvo Panamá, en un país con una renta de 607 euros anuales, y donde el 25% del ingreso medio de la población se lo lleva el coste de la energía. La compañía esgrime que el Megavatio/hora le cuesta 143,9 dólares (97,03 euros), lo que genera una brecha entre el coste real de la energía y el coste reconocido en tarifa que, a 30 de septiembre de 2007, ascendía a 15,37 millones de euros.

Privatización

En septiembre de 2000, Enel fue privatizada y quedó en manos de Unión Fenosa, única oferente en la licitación, que pagó 77,5 millones de euros por el 95% de las distribuidoras del monopolio estatal. El proceso privatizador fue controvertido, con dos recursos de inconstitucionalidad. El Gobierno del derechista Arnoldo Alemán se había comprometido ante los organismos financieros multilaterales a completar la privatización del sector eléctrico para poder captar desembolsos de asistencia económica. Desde su aterrizaje en Nicaragua, Unión Fenosa asegura haber invertido 132,8 millones de euros.

El presidente de la República, Daniel Ortega, del Frente Sandinista, no ahorra insultos para denostar a Unión Fenosa. "Cada vez que el Gobierno nos agrede, el robo de energía aumenta y el pago cae", comenta José Luis Gómez. En el mercado oriental de Managua, el más grande de Centroamérica, puede encontrarse de todo, incluidos cables y medidores de luz robados a Unión Fenosa. De los 8.000 clientes teóricos que hay en este mercado gigantesco, apenas un 10% paga la factura eléctrica. Robos, asaltos a oficinas y almacenes de Unión Fenosa, secuestro de brigadas de la compañía, manipulación de redes, extorsión... son moneda corriente, según denuncian los directivos de la compañía.

La morosidad alcanza dos millones de dólares, e incluye a pobres y ricos. No pagan los pobladores de asentamientos marginales sin título de propiedad, que se cuelgan de la red en condiciones de alto riesgo. Ni muchos de los que viven en barrios adinerados, donde también es habitual el robo de energía y la manipulación de contadores. Empresas, instituciones respetadas, políticos y empresarios poderosos engrosan la lista de impagados. En Nicaragua el fraude de energía eléctrica no es delito, por lo que sólo es perseguido administrativamente. Cada mes, Unión Fenosa denuncia en la televisión algún caso de fraude energético, con nombre y apellidos. Salen aquellos que no son amigos de nadie, pero los peces gordos quedan a buen recaudo.

Desde hace meses, Unión Fenosa y las autoridades nicaragüenses negocian un Protocolo de Entendimiento que, según la compañía, va por buen camino. Si pudiera, el Gobierno recompraría la empresa o la sacaría del país. Algunos funcionarios insinúan la adquisición de la empresa por parte del Estado, con fondos procedentes de Venezuela. Hoy por hoy, parece una quimera. "Estamos condenados a continuar con este matrimonio aunque nos caigamos mal. Una salida de Unión Fenosa nos hipotecaría", razona el diputado Agustín Jarquín, aliado del Frente Sandinista.

La empresa, por su parte, quiere seguir en Nicaragua. En palabras de José Luis Gómez: "Estamos a la espera de una respuesta inminente del Gobierno, y de que nos dé una segunda oportunidad".