Selecciona Edición
Conéctate
Selecciona Edición
Tamaño letra
El 'caso Guateque'

Dos encarcelados participaban en una comisión de control de licencias

El Ayuntamiento 'borró' los nombres de los imputados de un acta

Dos de los funcionarios encarcelados por su presunta vinculación en la operación Guateque fueron nombrados a dedo durante el anterior mandato del PP, en 2005, para participar en una comisión que vigilaba la concesión de las licencias urbanísticas. Son el jefe de Evaluación Ambiental de la Concejalía de Medio Ambiente, Joaquín Fernández de Castro y la asesora técnica del mismo área, Carmen Ibáñez Martínez. Ambos enviados a prisión por el juez que instruye el caso, Santiago Torres, por presuntos delitos de prevaricación, cohecho y cobro ilegal de comisiones a cambio de agilizar la tramitación de licencias.

"Hay conexión con el Consistorio, son cargos de confianza", dice el PSOE

Ambos participaron en la constitución de la "Comisión técnica de seguimiento e interpretación de la ordenanza municipal de tramitación de licencias urbanísticas". Los nombres de estos funcionarios figuran en el acta de la sesión 1/2005, donde se constituyó la comisión, celebrada el 30 de junio de 2005. En la primera reunión de la ponencia técnica, celebrada el 11 de octubre de 2005, ya sólo aparece el de Ibáñez Martínez. Ambos funcionarios fueron nombrados por libre designación como miembros de la ponencia técnica. "Es una sesión de debate sobre aspectos jurídicos de alguna norma", cuenta un portavoz municipal. "Los imputados sólo eran miembros de la ponencia técnica, no de la comisión. No tienen poder de decisión. Es un órgano consultivo", agrega.

Joaquín Fernández de Castro es uno de los principales cabecillas de la trama. Es funcionario desde hace décadas y está a punto de jubilarse. Entró en el Ayuntamiento en 1968. Desde entonces ha escalado hasta ocupar la Dirección de Servicios de Gestión de Residuos y Calidad Ambiental. Según un responsable municipal, esta categoría se corresponde con la de subdirector general, la máxima escala en el cuerpo de funcionarios, que tiene 30 categorías profesionales. "Cuando fue designado para participar en esta ponencia desconocíamos que estaba en una trama de corrupción", indica un portavoz. Sin embargo, en 2003 fue degradado dos categorías profesionales, hasta la 28, por "no cumplir con la dedicación que exigía su puesto de trabajo". Aunque fuentes municipales apuntan que ya pesaban sospechas de corrupción sobre él. Su nombre aparece en la relación de miembros que componen la ponencia.

Carmen Ibáñez Martínez también fue designada a dedo como miembro de la comisión. Y sí participó en la primera reunión de la ponencia técnica. En esa sesión, celebrada el 11 de octubre de 2005, los ponentes debatieron sobre la interpretación de algunos aspectos de la ordenanza. Las conclusiones de la reunión fueron remitidas a la comisión para aprobarlas. Un portavoz municipal asegura que esta comisión no volvió a reunirse.

El Ayuntamiento aportó el jueves a este periódico una copia del acta de constitución de la comisión donde no aparecen los nombres de los dos funcionarios encarcelados y adujo que la información, adelantada por la Cadena SER, era "radicalmente falsa". En el punto tercero de la mencionada acta, donde se señala la relación de miembros de la ponencia sólo aparecían el número de representantes y el destino de los componentes.

El documento original firmado y sellado por los miembros de la comisión técnica recoge los nombres de los imputados borrados en el documento facilitado por el Ayuntamiento el día anterior. "Ayer [por el jueves] sólo pudimos conseguir un borrador del acta", justifica un portavoz municipal. "Cuando hemos podido buscar el documento con más tiempo, lo hemos hecho público", añade. "No ha habido ningún ánimo de ocultar información. Hay miles de documentos que lleva tiempo encontrar".

El portavoz socialista en el Ayuntamiento, David Lucas, señaló ayer que el alcalde, Alberto Ruiz-Gallardón, "debería dar explicaciones y empezar a asumir su responsabilidad política". Lucas aseguró que los imputados "son cargos de confianza, por lo que hay una conexión clara y directa con el gobierno de Gallardón". Y agregó: "El alcalde debería haber reconocido que tiene un problema, haberse sentado con sus concejales para ver qué está pasando con los 1.100 cargos de confianza que no controla nadie, y dejar de responsabilizar a terceros y asumir lo que le corresponde".

* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 24 de noviembre de 2007