El Ayuntamiento lleva al juez un caso de acoso inmobiliario
Los inquilinos de Robadors 29 dicen que sufren 'mobbing' desde 2003
El distrito de Ciutat Vella, a través de su Oficina de Vivienda, denunció ayer a la propiedad del edificio de Robadors 29 ante el juzgado de guardia de Barcelona por presunto acoso inmobiliario a sus inquilinos. "Hemos sabido que en los últimos dos meses la propiedad ha enviado a los vecinos del inmueble dos órdenes de desalojo argumentando que tenían que abandonar el edificio para ejecutar una serie de obras que afectaban a la estructura del edificio. En esas cartas se decía que las obras contaban con licencia municipal, lo que es absolutamente falso. Por eso hemos puesto esos hechos en conocimiento de la justicia", explicó ayer una portavoz del distrito de Ciutat Vella.
"Creemos que hay que dar un paso más porque es un problema que afecta a mucha gente en Ciutat Vella", señaló a este diario la regidora de distrito, Itziar González. "En el caso de Robadors 29, por la información de que disponemos creemos que se han cometido irregularidades. Acudimos a la justicia porque hace falta una medida ejemplar y empezar a hacer públicos estos casos", explicó. La denuncia se dirige contra las sociedades MANCIA 2003 S.L. y TARAVAUS 8085 S.L., propietarias del inmueble desde 2003.
El martes está previsto el desalojo por orden judicial de Manel González, uno de los siete inquilinos que quedan en el edificio. "Estoy aterrorizado. Pero cuando venga la policía voy a resistir hasta el final porque ésta es mi casa", dijo ayer Manel en una comparecencia ante la prensa. Le escoltaba Jaume Asens, de la Comisión de Defensa del Colegio de Abogados, que anunció que en los próximos días presentará una querella criminal contra los propietarios del inmueble. "Estos asuntos siempre se resolvían en la justicia civil. Pero vamos a pedir responsabilidades penales por coaccionar a Manel para que abandone su piso y atentar contra su integridad moral", dijo Asens.
Los querellantes denuncian que los propietarios les someten a cortes de agua y luz, dejan que el edificio se deteriore sin acometer las obras necesarias y favorecen la presencia de ratas al dejar basura acumulada en los pisos que ya están vacíos.
Sostienen que son víctimas de especuladores que quieren hacer negocio al abrigo de la operación urbanística a la que está siendo sometida la Illa Robadors. La finca se ha convertido en un emblema del acoso inmobiliario en Barcelona desde hace cuatro años. Los inquilinos tienen un contrato indefinido y pagan rentas mensuales que no superan los 200 euros.
