Sólo el 53% del dinero prometido por el Gobierno a Cataluña tiene destino

Cataluña ha vivido años de sequía inversora. Pero ahora que el dinero necesario para desatascar el cuello de botella de las infraestructuras parece garantizado a raíz de la aplicación del Estatuto catalán, toca plantearse la segunda parte del problema: decidir deprisa a qué proyectos concretos deben destinarse los recursos, ponerlos en marcha sin falta y acelerar los ya iniciados. Sólo la mitad (52,7%) del dinero ya comprometido por la Administración para los próximos años tiene consignado su uso. Esta estimación fue difundida ayer, en forma de advertencia, por los empresarios catalanes; esta vez, todos a una.

De acuerdo con la documentación presentada por el llamado GTI-4 -grupo de presión por las infraestructuras que reúne a la Cámara de Comercio, Fomento del Trabajo, el RACC y el Círculo de Economía-, la inversión real en Cataluña entre 2009 y 2011 es de 7.738,1 millones de euros.

Se trata de "una cifra muy alejada de la que resultaría de la aplicación de la disposición adicional tercera vigente del Estatuto", la que obliga al Estado a destinar el 18,8% del dinero total para infraestructuras a Cataluña porque éste es su peso en el producto interior bruto (PIB) español. Economía ha calculado que la aplicación de dicha disposición en ese periodo se traduciría en 14.675 millones de euros.

"Debemos definir una cartera de proyectos", subrayó el presidente de la Cámara, Miquel Valls, acompañado en la presentación del informe sobre el estado de las infraestructuras por Juan Rosell, presidente de Fomento; José Manuel Lara, presidente del Círculo, y Sebastià Salvadó, presidente del RACC.

Los retrasos en la línea ferroviaria de alta velocidad Madrid-Barcelona-frontera francesa, en la nueva terminal de pasajeros del aeropuerto de El Prat, en los accesos viarios y por tren a dicha terminal, en la ampliación de los puertos de Tarragona y Barcelona, en la polémica autovía orbital B-40, en el desdoblamiento de la Nacional II en Girona y de la N-340 (autovía del Mediterráneo), o el trabajo pendiente en los carriles adicionales de la autopista AP-7, son algunos proyectos que los empresarios apremiaron a impulsar. Entre los recursos por asignar figuran los 817 millones de euros que el Estado debe devolver a Cataluña por la incorrecta aplicación del Estatuto en 2007 y los 722,8 millones con que se complementó en 2008 la inversión real destinada a Cataluña por el Gobierno.A Cercanías debería destinarse parte de este dinero, sugirió Valls. "Una vez las grandes infraestructuras estén desencalladas, se habrá dado ya un paso importante", dijo en tono optimista Rosell, pero "hace falta que en los próximos años tengamos proyectos concretos y definidos". Por su parte, Lara reclamó la puesta en marcha de "un sistema rápido" para solucionar las reivindicaciones ecologistas, de modo que no empeoren los retrasos de las obras.

La demanda de una mejor coordinación entre las distintas administraciones y entre la disponibilidad de recursos y la licitación de nuevos proyectos fue apuntada por Salvador. Los empresarios se pusieron del lado de la Generalitat y pidieron que en obras como las de la llegada del AVE a Barcelona exista una "gestión conjunta".

El GTI-4 exigió además al Gobierno central y a los distintos partidos políticos que antes de las próximas elecciones generales de marzo definan su modelo de gestión para El Prat. El colectivo hizo una propuesta que combinaba descentralización con gestión profesionalizada que en sectores políticos se interpretó erróneamente como una pura privatización. Ésta ha sido prometida por el PP.

Los retrasos en materia de infraestructuras (desde la década de 1960 a 2000, la dotación catalana de infraestructuras creció 11 puntos por debajo de la media española) "han condicionado el desarrollo económico catalán con relación al conjunto del Estado", concluye el libro Economía catalana: retos de futuro, editado conjuntamente por el BBVA y el Departamento de Economía y presentado ayer por el presidente de la entidad, Francisco González; el presidente de la Generalitat, José Montilla, y el consejero de Economía, Antoni Castells.