Estatuto y Tratado
El Tratado de Lisboa, recientemente aprobado, refuerza la dimensión regional de la Unión Europea (UE). De una parte, reconoce la capacidad de las regiones para ejercer ante las instituciones de la Unión la defensa de sus competencias y, de otra, reconoce explícitamente la diversidad cultural y lingüística de Europa. Dos aspectos que reflejan algunas de las reivindicaciones planteadas desde Cataluña y que se hallaban recogidas en el fallido Tratado Constitucional.
Resulta especialmente significativo para Cataluña que en el nuevo texto se mantengan las referencias a las regiones introducidas en la Constitución, ya que ambicionamos una participación efectiva en el engranaje multinivel europeo, aspiración compartida con los representantes de otras regiones europeas con poder legislativo. Estas regiones se agrupan en la red de Regiones con Poder Legislativo (REGLEG) con el objetivo de ser mejor reconocidas como actores dentro de la Unión. Durante este año Cataluña ostenta la presidencia de dicho grupo, que reúne ayer y hoy en Barcelona a los presidentes de sus regiones, estados (Länder), comunidades autónomas y naciones para analizar las nuevas oportunidades que representa el tratado. Pese a los avances recogidos en el Tratado de Lisboa -en los que el impulso de REGLEG y de su presidencia, ejercida por el presidente Montilla, han tenido mucho que ver-, las regiones con competencias legislativas mantienen como retos y aspiraciones comunes el reconocimiento del papel de las regiones, el uso extendido de nuestras lenguas en las instituciones europeas, el acceso directo al Tribunal de Justicia de la Unión Europea y el establecimiento del Comité de las Regiones como institución de pleno derecho de la Unión, así como nuestra participación en los procesos de toma de decisión en el seno de las instituciones comunitarias.
Se puede afirmar que nos hallamos en una buena situación para participar en las decisiones de la Unión
El reconocimiento por parte de la UE de un mayor protagonismo de las regiones, y singularmente de aquellas con poder legislativo, no debe verse como una amenaza para los estados o la viabilidad de la Unión. La extensión de la subsidiariedad al ámbito regional no debe entenderse sólo en clave de defensa competencial, sino también en términos de participación. La subsidiariedad funciona en dos direcciones y las regiones deben poder también exigir el buen funcionamiento del nivel federal europeo. La Unión, para avanzar, requiere de todas sus partes. Nuestras regiones transponen y aplican normas europeas, desarrollan las políticas y estrategias de la Unión y, ajenas a los corsés de la diplomacia tradicional, son capaces de tejer redes transnacionales de alto valor para el desarrollo de la propia integración europea. En definitiva, su mejor acomodo en el entramado institucional europeo debe reconocerse como una necesidad.
Cataluña ha aprobado un nuevo Estatuto de Autonomía que contiene, por primera vez en la ley básica de una región europea, un capítulo dedicado a las relaciones con la Unión, el cual amplía significativamente nuestro ámbito de acción. Así, por ejemplo, el Gobierno de Cataluña ha participado, a partir del mecanismo de consulta previsto con el Estado, en el proceso de reforma del tratado. A estas nuevas capacidades estatutarias, se sumarán las posibilidades que abre el nuevo Tratado de Lisboa. El Gobierno de Cataluña se ha dotado de nuevos instrumentos, una Secretaría para la Unión Europea que comprende la Delegación del Gobierno de la Generalitat, ya no en Bruselas, sino ante la Unión Europea, de acuerdo con la nueva denominación estatutaria.
Después del periodo de ratificación del tratado, Europa deberá volver con nuevo impulso a su agenda política: estrategia de Lisboa, proceso euromediterráneo, lucha contra el cambio climático... Los últimos años nos han demostrado que el proceso de integración europea depende del grado de complicidad que sus dirigentes políticos, también los regionales, sean capaces de establecer. Europa no está fuera; no hay otra Europa que la compuesta por la suma de cada uno de nosotros. Un nuevo tratado: ante este escenario podemos afirmar que nos hallamos en una buena situación para participar en las decisiones de la Unión.
Anna Terrón i Cusí es secretaria para la Unión Europea de la Generalitat.
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