Negocios cerrados por negarse a pagar comisiones

La investigación ha detectado que los supuestos implicados en la trama exigían cantidades que iban de los 3.000 a los 18.000 euros por agilizar las licencias de apertura de locales, así como las de reapertura de establecimientos que son preceptivas tras hacer obras de reforma. Uno de los casos de libro se refiere a propietarios de locales de ocio (como discotecas con problemas de ruido, de ahí el nombre de Operación Guateque) que acometían reformas.

Una vez ejecutadas, una inspección municipal debía confirmar que las obras se ajustaban a la ley. Lo primero que planteaban quienes ejecutaban las inspecciones es que la reapertura se podría llevar a cabo inmediatamente y sin pegas si el empresario pagaba. Si el dueño del local se negaba, se levantaban expedientes por no tener bien instalada la salida de humos o porque no estaba bien insonorizado el local, lo que hacía imposible la reapertura o la demoraba sine die. En el caso de que la deficiencia fuera subsanada, se demoraba del mismo modo la nueva visita de inspección de las obras. Y cuando se producía, se ponían nuevas pegas. De esta manera, el empresario finalmente pagaba la mordida para abrir su negocio.

Algún afectado ha declarado en las fases previas de la investigación que los propios constructores que habían ejecutado las reformas de sus negocios les habían advertido previamente de que si no pagaba al Ayuntamiento iba a tener problemas. Los dueños de los locales, una vez que accedían a pagar, firmaban en ocasiones documentos con el membrete municipal en blanco, que servirían para regularizar posteriormente la situación administrativa del local.

La información de esta página ha sido elaborada por Daniel Verdú, Jorge A. Rodríguez, José A. Hernández y Vera Gutiérrez Calvo.