Cinco magistrados del Constitucional juzgarán sus propias recusaciones

-Vicente Conde Martín de Hijas, el presidente en funciones del Pleno del Tribunal Constitucional que debe juzgar la ley orgánica del tribunal, ha convocado el pleno de 10 magistrados para estudiar la admisión a trámite de las recusaciones de cinco de ellos, el próximo miércoles a las diez y media de la mañana.

El orden del día previsto fija como primer punto el examen de las recusaciones del Partido Popular contra los magistrados del bloque progresista Pascual Sala, Manuel Aragón y Pablo Pérez Tremps y a continuación, las del Gobierno contra los magistrados conservadores Roberto García-Calvo y Jorge Rodríguez-Zapata.

De los 12 magistrados del Tribunal Constitucional, el Pleno que debe juzgar la reforma de la ley orgánica del Tribunal que incluye la prórroga del mandato de la presidenta y el vicepresidente, ha quedado reducido a cinco magistrados: dos se han abstenido (la presidenta María Emilia Casas y el vicepresidente Guillermo Jiménez), otros dos han sido recusados por el Gobierno (Roberto García-Calvo y Jorge Rodríguez Zapata) y otros tres (Pascual Sala, Manuel Aragón y Pablo Pérez Tremps) han sido recusados por el PP. Entre abstenciones y recusaciones el tribunal no alcanza el mínimo de magistrados para poder adoptar acuerdos.

La convocatoria del Pleno de 10 magistrados -la presidenta Casas y el vicepresidente Jiménez no pueden participar por haberse aceptado sus abstenciones- implica la participación de los cinco magistrados recusados y, además, que éstos intervendrán en el trámite de admisión de sus propias recusaciones y las de sus compañeros, según explicó el propio Vicente Conde en una carta remitida el pasado día 31 a los magistrados.

En aquel escrito, Conde calificó esta solución del Pleno a 10 como "absolutamente innovadora", "sin base legal precisa" y "contraria al criterio seguido en otros casos".

Pero la otra alternativa era aplazar las recusaciones hasta la próxima renovación del tribunal, y que con la entrada de cuatro nuevos magistrados se alcanzase el quórum mínimo para que el Tribunal pudiese adoptar acuerdos. Esa solución, como advertía Conde, no sólo implicaría "la paralización del recurso del PP", sino que tendría el "gravísimo inconveniente" de admitir que las partes de un proceso, -en este caso el presidente del Gobierno y los 62 diputados del PP que firmaron las recusaciones- podrían "bloquear" el tribunal a base de tachas de la imparcialidad de varios de sus magistrados, lo que "crearía un precedente de indudable gravedad".

Así las cosas, Conde pedía en su carta a los magistrados que le hiciesen llegar su parecer antes del pasado martes, para optar por una de las dos soluciones: o el Pleno de 10 jueces o aparcar el recurso del PP. La convocatoria del Pleno para el miércoles permite deducir que éste debe haber sido el criterio mayoritario de los magistrados, aunque las fuentes consultadas recordaron que el Pleno podría volver a plantearse en cualquier el aplazamiento de las recusaciones.

El mismo criterio rige en cuanto al orden de ver la admisión a trámite de las recusaciones, que podría alterarse o verse todas juntas. En primer lugar, están señaladas las del PP, aunque éstas fueron las últimas en ser presentadas. Si se sigue ese orden, primero se decidiría sobre la admisión de las de los progresistas Manuel Aragón, Pascual Sala y Pablo Pérez Tremps. El PP les recusó porque según una información aparecida en el diario El Mundo, los tres se habrían mostrado "partidarios" de la reforma de la ley.

Si esas tres recusaciones se admiten a trámite y en su día se aparta a estos jueces del Pleno, quedaría un tribunal de siete jueces, (cinco conservadores y dos progresistas) para juzgar la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), con el previsible resultado de la nulidad de la prórroga del mandato de la presidenta Casas, y habría que nombrar un nuevo presidente que podría ser conservador, ya que casi todos ellos son de mayor edad.

Si, por el contrario, las recusaciones del PP fuesen rechazadas, los magistrados examinarán las tachas del Gobierno contra los conservadores García-Calvo y Rodríguez Zapata, que firmaron una carta expresando su más "profunda discrepancia" con la reforma de la ley. En el caso de que se admitiese a trámite la impugnación del Gobierno contra los dos conservadores y en su día saliesen del Pleno, juzgarían la reforma de la LOTC cinco progresistas y tres conservadores. Otra posibilidad es que se rechacen todas las recusaciones, con lo que se volvería a un pleno de 10 magistrados con voto de calidad de Vicente Conde.