El fiscal acusa de falsedad al general que intercambió las identidades del Yak-42

Casi cuatro años y medio después de la mayor catástrofe de la historia del Ejército español en tiempos de paz -el accidente del Yakovlev-42, en el que fallecieron en Trabzon (Turquía) 62 militares que regresaban de Afganistán en mayo de 2003- la tortuosa investigación judicial parece encaminarse a su fin.

El fiscal de la Audiencia Nacional Fernando Burgos ha preparado un escrito en el que acusa al general de Sanidad Vicente Navarro, y a los dos oficiales médicos que le apoyaron en la identificación de los cadáveres, de un delito de falsedad, que el Código Penal castiga con penas de entre tres y seis años de prisión.

El escrito, dirigido al juez central de instrucción número 3, Fernando Grande-Marlaska, considera probado que sólo 32 cuerpos fueron identificados en el depósito de cadáveres instalado en Turquía a partir de sus signos externos (restos de uniformes, documentos, etc.), mientras que las demás identidades las asignó aleatoriamente el general Navarro, comisionado personalmente por el entonces ministro de Defensa Federico Trillo-Figueroa, del PP.

Todos erróneos

La asignación de identidades no sólo fue aleatoria sino que erró en todos los casos, por lo que 30 cadáveres se entregaron a familias que no eran las suyas y fueron enterrados o incinerados, en contra de los deseos de sus verdaderos parientes, con nombres que no les correspondían. Las identidades erróneas se reflejaron en los certificados de defunción y en los informes de las necropsias, lo que constituye falsedad de documento público.

El escrito de acusación -equivalente a la petición de procesamiento- se dirige contra el general de división en la reserva Vicente Navarro Ruiz, el comandante José Ramírez García y el capitán Miguel Sáez García. En cambio, el fiscal no acusa al teniente general en la reserva José Antonio Beltrán, que encabezaba la delegación que Trillo envió a Turquía y declaró como imputado en la Audiencia Nacional en noviembre de 2004, por considerar que no intervino en la identificación de cadáveres.

La cuestión a la que no responde el escrito del fiscal es por qué el Gobierno del PP tuvo tanta prisa en enterrar a las víctimas. El accidente del Yak-42 se produjo en la madrugada del 26 de mayo y el funeral de Estado, con presencia de los Reyes y en la base de Torrejón de Ardoz (Madrid), tuvo lugar en la tarde del 28. Toda la investigación forense se hizo en apenas 24 horas. La Guardia Civil preparó un equipo de especialistas en identificación de cadáveres para viajar a Turquía y algunas familias fueron avisadas para tomarles muestras de ADN, pero el Ministerio de Defensa ordenó que no acudieran alegando que "no era necesario", porque los cuerpos se encontraban en buen estado y era fácil identificarlos. En sus declaraciones ante el juzgado, Navarro y sus dos ayudantes alegaron lo contrario: que los cadáveres se estaban descomponiendo y había bolsas con pedazos.

El escrito del fiscal supone que da por agotada la instrucción y debe abordarse la apertura de la vista oral. Pide que las diligencias previas se eleven a procedimiento abreviado, equivalente al sumario en los delitos con pena inferior a nueve años, y se dirija contra los acusados.

El proceso por falsedad no es el único que se sigue por el Yak-42. El pasado 1 de junio, el juez Grande-Marlaska decidió archivar el caso por la contratación del avión ucraniano, con el argumento de que el Ministerio de Defensa no tenía obligación de verificar la falta de preparación o descanso de la tripulación, factores que la comisión internacional de investigación consideró decisivos para el error humano que llevó al siniestro.

La decisión de Grande-Marlaska aún no es firme, ya que las familias de las víctimas han presentado recurso de apelación, pero en este caso la Fiscalía ha dado por bueno el archivo.

Además, en Zaragoza se sigue el procedimiento civil contra las compañías contratistas del avión. El pasado 11 de octubre, la Audiencia Provincial decidió anular el juicio celebrado en enero de 2006 en el que la compañía aérea UM Air, la aseguradora Bussin Joint-Stock y la intermediaria Chapman Freeborn fueron condenadas a indemnizar con un total de 10 millones de euros a las familias de las víctimas. La nulidad se basó en un defecto formal en el emplazamiento a la firma intermediaria.