La CEA pide leyes más flexibles y VPO para las clases medias

"Con la legislación actual es imposible cumplir con el objetivo fijado en el Pacto por la Vivienda de construir 700.000 viviendas en 10 años". Así de claro tienen en la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) su posición ante la oferta de pacto realizada por la Junta de Andalucía como impulso y paso previo a la promulgación de la Ley de derecho a la vivienda. Una ley en fase de anteproyecto, que garantizará el acceso de los andaluces a tener un hogar digno y la posibilidad de reclamarlo ante los tribunales.

Los empresarios presentarán hoy en la reunión sectorial del Acuerdo del VI Concertación Social un documento en el que expondrán su postura para abordar la fima del pacto. Entre ellas, la imposibilidad de asumir el compromiso de construir en diez años 700.000 viviendas (300.000 de ellas de protección oficial) en el actual marco legislativo y con el vigente sistema burocrático y de plazos que rige la construcción.

Fuentes de la CEA afirmaron ayer que "no se puede trasladar a la sociedad el mensaje de que se van a construir 700.000 nuevas viviendas en 10 años, cuando eso, hoy por hoy, es imposible". "Los procesos son muy largos y ¿donde está el suelo y las licencias para hacer esas viviendas?", se preguntaban ayer desde la CEA.

Las peticiones que hoy realizará la CEA en la mesa de concertación van en el sentido de las conversaciones desveladas el miércoles por Fadeco (la Federación andaluza de Promotores y constructores). Esta asociación indicó anteayer que negocian con la Junta "una flexibilización del Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA) que entró en vigor hace 10 meses y que ha sido recurrido ante el TSJA por los promotores andaluces.

Fadeco indicó que están buscando fórmulas que hagan más flexibles las restricciones al crecimiento urbanístico en los suelos urbanizables de los municipios, que deben ser según el POTA inferior al 40%, así como un 30% como máximo del crecmiento poblacional en ocho años.

De manera parecida se han pronunciado los alcaldes andaluces a través de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP). Su presidente, Francisco Toscano reclamó el miércoles "mecanismos que agilicen la dotación de suelo público" destinado a la construcción de viviendas protegidas. Toscano demandó la supresión de algunos procedimientos administrativos por los que los municipios deben de pasar ante la Junta de Andalucía, antes de poder realizar modificaciones puntuales en los PGOU respectivos y poder destinar suelo público a promoción de viviendas protegidas.

Otra de las cuestiones que planteará la CEA en la mesa de concertación será la de modificar los módulos y la tipología de lo que hoy está establecido como vivienda protegida, también denominada VPO. Este aspecto, en el que los empresarios contarán con el apoyo ya manifestado de los sindicatos UGT y Comisiones Obreras, se refiere a la necesidad de planificar un tipo de vivienda para un sector de la sociedad que navega sin rumbo en el mercado inmobiliario actual. Es decir, jóvenes con niveles de renta superiores a los límites que les permite acceder a una VPO y por debajo de las posibilidades financieras necesarias para adquirir una vivienda en el mercado libre.

Por su parte, el presidente andaluz, Manuel Chaves, reiteró su disposición "a hablar de todo" en materia de vivienda y suelo con los sectores implicados, pero dejó claro que "la legislación se tiene que cumplir". Por su parte, fuentes de la Consejería de Obras Públicas alegaron que la situación actual requiere "mucha prudencia", y declinaron comentar el sentido de las negociaciones con constructores y municipios para flexibilizar la legislación.