Pugna aérea entre Fomento y Francia

El conflicto del aeropuerto de Hondarribia ha llegado a las más altas instancias gubernamentales hispano-francesas. España y Francia discrepan abiertamente sobre la actividad del aeródromo. La ministra de Fomento, Magdalena Álvarez, desveló ayer que en junio pasado recibieron una carta del director de Aviación Civil francés que recogía las "inquietudes" de los habitantes de Hendaya y los alcaldes del País Vasco francés por las molestias que genera el aeropuerto guipuzcoano. Las autoridades locales francesas, con el apoyo de París, se han erigido ahora en el principal grupo de presión contra la ampliación.

Francia considera que Hondarribia está violando el acuerdo firmado entre ambos países en 1992 sobre el uso del aeropuerto. Dicho convenio, entre otras restricciones, impide rebasar las 24 operaciones de vuelo diarias (12 despegues y otros tantos aterrizajes). El alcalde de Hendaya, el socialista Kotte Ezenarro, sostiene que diariamente se relizan 36 maniobras.

Fomento disiente. En agosto, también por carta, respondió al Gobierno del país vecino y le aclaró que Hondarribia "respeta totalmente el acuerdo suscrito en 1992", afirmó Álvarez en el Senado. A la ministra no le preocupa que los franceses hayan contratado a la ex ministra de Medio Ambiente Corine Lepage, abogada en ejercicio, para apelar ante la UE y obligar a España a reducir el número de vuelos. "Nosotros tenemos argumentos y profesionales que defenderán la aplicación del convenio", manifestó Álvarez. Respecto al alargamiento de la pista, la titular de Fomento no dijo nada nuevo. Recordó que el Plan Director vigente contempla sendas franjas de seguridad de 150 metros de longitud en cada extremo, lo que supondría reducir la dimensión de la pista de 1.754 a 1.454 metros. Así se recoge en una proposisión no de ley aprobada en el Congreso, apoyada por los socialistas y los nacionalistas.

No obstante, Álvarez se mostró abierta a debatir sobre la extensión de la pista hacia el barrio de Mendelu (Hondarribia) en 300 metros, como propuso la Diputación. Para ello es necesario que el PSOE y el PNV en la Cámara Baja acuerden una nueva proposición no de ley antes del 21 de diciembre, fecha prevista en la que se disolverán las Cortes Generales.