El Camino en el banquillo

Un representante de Fadesa se sinceraba hace diez días. "Estoy asustadísimo. Me preocupa de verdad. Arias va a tener que dimitir y yo creo que puede terminar en la cárcel, porque esto es una querella criminal que el juez ha admitido porque ve indicios de delito... La prevaricación es algo muy serio".

Ayer, después de seis meses de tira y afloja, de sucesivas órdenes de suspensión de obras, de declaraciones cruzadas y burofaxes, el alcalde de O Pino, Manuel Taboada, y los altos cargos de la Consellería de Cultura a los que denunció se vieron las caras en los Juzgados de Santiago. Felipe Arias, director general de Patrimonio, Carlos Amoedo, secretario general de Cultura, y María Jesús López, secretaria del comité asesor del Camino de Santiago, acudían como imputados para prestar declaración en la vista previa ante el titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Santiago, Javier Míguez Poza.

El alcalde de O Pino cree que Patrimonio "prevaricó" por "motivos políticos"

Los altos cargos de Cultura aseguran que sólo cumplieron con su "obligación"

El 19 de octubre, el juez admitió a trámite la querella interpuesta por el Ayuntamiento de O Pino por "supuesto delito de prevaricación administrativa". Según el alcalde popular de este municipio vecino de Santiago, desde el 16 de mayo Patrimonio no ha dejado de obstaculizar la urbanización del parque empresarial (el PP1 o Plan Parcial 1) que este ayuntamiento adjudicó a Fadesa y que se ha empezado a construir justo al borde del aeropuerto de Lavacolla.

Esa fecha, el 16 de mayo, coincide con el sello de entrada en la oficina de registro de la Xunta de un recurso de alzada presentado por los antiguos propietarios de las tierras. Los vecinos recurrían la aprobación, por parte de Patrimonio, de la urbanización del polígono con el argumento de que las obras arrasarían el trazado histórico del Camino de Santiago. Un mes más tarde, el 19 de junio, Cultura enviaba al ayuntamiento una orden de paralización e inauguraba sus enfrentamientos con el alcalde.

Estas órdenes se sucedieron a lo largo del verano sin que el consistorio, ni Fadesa, ni la empresa subcontratada por la constructora, Arias Hermanos, se diesen por aludidos. A mediados de octubre, Patrimonio optó por enviar un burofax al alcalde conminándole a suspender las obras. Entonces, las palas excavadoras sí quedaron aparcadas en medio de los terrenos removidos y los pinos cortados. Y ya no volvieron a trabajar hasta una semana después, cuando desde la Consellería de Cultura se notificó al ayuntamiento que las máquinas podían retomar las obras en la mitad norte de la parcela de 950.000 metros cuadrados. La parte sur seguiría siendo territorio prohibido, al menos durante cuatro meses, hasta que un equipo técnico contratado por la Xunta rastrease en el lugar los vestigios del Camino primitivo.

Por esta parte de los montes expropiados discurren el Camino Francés oficial, aprobado por la Xunta en 1992 para preparar la senda a los peregrinos que llegarían en avalancha en el Xacobeo 93, y la sirga histórica, desaparecida desde hace 70 años bajo la maleza. Los ex propietarios disconformes con el precio de sus fincas se erigieron esta vez en defensores de la senda para conseguir el bloqueo de la obra.

Ayer, antes de entrar a prestar una declaración que se dilató tres veces más tiempo de lo programado por el juez, Taboada explicó que recurrió a la vía penal porque "las paralizaciones fueron ilegales", ya que "no se puede intervenir una obra por un camino que no está protegido por ninguna ley". El alcalde sugirió que la actuación de esta consellería, en manos del BNG, obedeció sólo a "motivos políticos".

Al otro lado del vestíbulo, Amoedo improvisó como portavoz de los denunciados. Según el secretario general, todos acudían "tranquilos", convencidos de que la causa se archivará porque cumplieron con su "obligación" de proteger "al máximo" el "itinerario cultural europeo". El recurso de alzada vecinal hizo ver a Patrimonio un "elemento nuevo", que "no había sido suficientemente valorado antes". De no ser por los expropiados insatisfechos, la Xunta no habría descubierto que allí había 300 metros de Camino sepultados.